La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, aplaude tras la aprobación de los PGE2023
Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Las empresas energéticas se preparan ya para recurrir la proposición de ley aprobada ayer en el Congreso que implica la introducción de nuevos gravámenes. Quedan pasos para que las medidas entren en vigor, debe ser ratificada por el Senado, pero el texto saldrá prácticamente igual al que el Congreso ha dado luz verde.

Medios consultados siguen considerando que resta competitividad a las compañías y no descartan que, en el caso de algunas tasas, tendrían que ser devueltas. Aunque la decisión estratégica está tomada, y no solo por los grandes grupos, los equipos jurídicos analizan el texto para acudir al Tribunal Supremo. Es una reacción que ya han anunciado directivos, como el presidente de Iberdrola, Ignacio S. Galán. El impuesto, que se extenderá durante los dos próximos años (empezará el 1 de enero de 2023), afecta a las compañías que facturen más de 1.000 millones de euros.

Uno de los temas que para las energéticas es más negativo es que el gravamen se aplique a los ingresos y no a los beneficios, como reclamaban. Si bien las enmiendas presentadas por PNV y PDeCAT han posibilitado dejar fuera de la base imponible los obtenidos en los negocios regulados, como son las redes y las renovables que están dentro del programa Recore.

El efecto de las enmiendas, según el Ministerio de Hacienda, será de un recorte de alrededor de 400 millones de euros en la previsión de ingresos para 2023 y 2024 por el nuevo impuesto a energéticas respecto a lo inicialmente previsto. Y también por la adaptación de la resolución que emitió la Comisión Europea una vez ya se había iniciado el trámite. Los 400 millones de euros son el 10% de los 4.000 millones previstos, la recaudación quedará en 3.600 millones.

Endesa ha estimado que le afectará en unos 600 millones en los dos próximos ejercicios, una cifra similar corresponderá a Iberdrola, mientras que será menor para Naturgy. Y más elevada para la petrolera Repsol.

La proposición de ley, que  incluye este impuestos energéticos, y en la que también se incorpora el nuevo tributo temporal a la banca y grandes fortunas, contó ayer con el respaldo en el Congreso por 186 diputados del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, Más País-Equo, Compromís, CC, la CUP y BNG.