En contra de todas las previsiones y esperanzas iniciales, Oscar Puente, con 116 mueres a sus espaldas, anunció su dimisión como ministro de Transportes, o le dimitieron que es lo que parece más probable. Ha dimitido, pero pese a las poses y fingimientos, no ha dimitido por dignidad, por sus responsabilidades que sigue sin asumir, ni por empatía y solidaridad con las víctimas. Ha dimitido simple y llanamente por cálculo electoral.

Un ministro y un gobierno, con su presidente al frente que, como hicieron en Adamuz han ignorado y despreciado a las víctimas. Porque es miserable apelar al fallo humano y culpar al maquinista fallecido que no se puede defender y a un trabajador del centro de control. Es deplorable no admitir y responsabilizarse de los errores y las omisiones de gestión y de la falta o desvío de los presupuestos necesarios para garantizar la viabilidad y seguridad de los servicios. Es mezquino y cruel presentarse como víctima y apelar al calvario electoral mientras se desdeñan la angustia y el dolor de los familiares y amigos de los heridos, los fallecidos y los desaparecidos. Y es repugnante culpar al más débil cuando las culpas están en la cúspide del gobierno de los ministerios y las empresas implicadas.

Porque no es un error humano sino desidia o inutilidad en la gestión política que haya un retraso de doce meses en el contrato clave de seguridad para cambiar el LZB, un sistema obsoleto en palabras de la ex secretaria general de Transportes, Rocío Balguena Tampoco es responsabilidad de los trabajadores que el 80% de la red ferroviaria carezca del sistema europeo de automatización. Que el ministro Puente desoyera los cuatro avisos de riesgo de error humano recibidos antes del accidente.  O que España sea el tercer país de la UE que menos invierte en infraestructuras del ferrocarril, sólo 45,5 millones de euros por cada mil kilómetros de vía, cuando los expertos estiman en más de 3.600 millones las necesidades de inversión.

Y no han sido los trabajadores los que llevan dos años sin convocar el comité de seguridad que previene accidentes mientras que los incidentes y accidentes ferroviarios han aumentado un 200% desde la llegada de Pedro Sánchez al gobierno. Trabajadores que han denunciado las presiones de ADIF para acelerar el tráfico y no indemnizar los retrasos, pese al riesgo; que realizan jornadas de 12 horas, cinco noches seguidas y que existen una veintena de puestos sin cubrir en Atocha y Chamartín.

Y todo esto con un gobierno que este año sólo ha ejecutado el 7% del presupuesto disponible para infraestructuras ferroviarias, y que lleva toda una legislatura sin presentar los Presupuestos Generales del Estado, loque impide la asignación de nuevos fondos para proyectos de infraestructuras, con los consiguientes retrasos en el inicio de obras cruciales, la paralización de proyectos en marcha, o incluso la cancelación de inversiones previstas.

Un gobierno en el que ninguno de sus miembros ha tenido el valor ni la dignidad para asistir al funeral por las víctimas de Urda, que asfixia a los ciudadanos con los mayores impuestos de la historia y con el que tenemos los peores servicios de la historia. Que ha convertido a ADIF en el mayor perceptor de los fondos europeos Next Generatión, con 6.000 millones de euros, el doble que el segundo perceptor y que politizado la compañía sustituyendo a los ingenieros por amiguetes afiliados del PSOE en los cargos de máxima responsabilidad de la administración y la seguridad ferroviaria. ¿A qué se dedican estos fondos europeos? ¿Dónde va el dinero de nuestros impuestos?

Y un gobierno, dedicado a la propaganda en lugar de a la gestión, porque ni sabe ni quiere gestionar, y en el que el ministro responsable no dimite y que si ahora su jefe -el “puto amo” como le define el propio Puente- ha aceptado o, como todo apunta, le ha obligado a dimitir no será por sus errores o las víctimas sino por su único interés personal y electoral.