En contra de todas las previsiones iniciales, Oscar Puente, con 116 muertes a sus espaldas, anunció su dimisión como ministro de Transportes, o le dimitieron que es lo que parece más probable. Ha dimitido, pero pese a las poses y fingimientos, no se va por dignidad, ni por sus responsabilidades que sigue sin asumir, ni por empatía y solidaridad con las víctimas. Ha dimitido simple y llanamente por cálculo electoral.

Un ministro y un gobierno con su presidente al frente que, como hicieron en Adamuz han ignorado y despreciado a las víctimas. Y un Pedro Sánchez al que se le ha desmoronado la estrategia de campaña y que, en vista del descalabro que le auguraban las encuestas posteriores a la tragedia ferroviaria ha pasado de la parodia de los bailes y los besos a cantar y contar en sus mítines y entrevistas varias ese eslogan que ahora se han inventado para intentar reconducir el rumbo y las expectativas de campaña: no todos los políticos son iguales.

No son iguales porque es evidente que no todos los políticos pactan con los herederos de los terroristas y con delincuentes fugados para seguir gobernando después de perder las elecciones. No todos los políticos se dedican a colonizar las instituciones y a impulsar la polarización social y el guerracivilismo.

No todos los políticos contactan con clanes de narcotraficantes para acabar con los jueces. No todos se van de vacaciones mientras invaden una parte del territorio nacional y se alinean con el invasor. No todos tienen a un hermano y a un fiscal general del Estado condenados y su mujer imputada por corrupción en los negocios y malversación. No todos nombran y sostiene a corruptos o mamporreros en el ministerio encargado del transporte. Y no todos asfixian fiscalmente a los ciudadanos que pagan los mayores impuestos de la historia para ofrecerles los peores servicios de la historia.

Y no todos los políticos se escudan en un falso anticlericalismo para no asistir al funeral por los fallecidos en la mayor tragedia ferroviaria de la historia de España para ocultar su arrogancia, su miseria moral, su cobardía y su desprecio a las víctimas, a sus familiares a los españoles todos.

Un eslogan que acompañan también con el mantra de a enarbolar la bandera de lo público. Como si Renfe o Adif implicadas directamente en las catástrofes de Urda y Adamuz no fuera públicas y dependientes de un gobierno que ha demostrado sus escandalosas incapacidades de gestión.

Porque el debate no está entre público o privado sino entre competencia o incompetencia. Entre gestión, eficacia y buen gobierno frente a politización, negligencia, abandono y descontrol. Y, como se comprueba en el desastre de Urda, Yrio y Ouigo que también son públicas, pero de Italia y Francia, no fallaron. Fallaron Renfe y, sobre todo Adif.

Eso y, además, es que, recordemos, en el caso del ferrocarril la privatización, en lo que respecta a las infraestructuras no existe. Lo que se ha liberalizado es la explotación comercial de los servicios de viajeros, pero las vías y los sistemas de seguridad y de control de la red siguen siendo públicos.

Y no es cuestión de público o privado sino de desidia o inutilidad en la gestión política que la inversión en la red ferroviaria estuviera a nivel de hace 15 años, es decir antes de la entrada de la competencia. Que haya un retraso de doce meses en el contrato clave de seguridad para cambiar el sistema obsoleto de LZB mientras el 80% de la red ferroviaria sigue careciendo del sistema europeo de automatización. O que España sea el tercer país de la UE que menos invierte en infraestructuras del ferrocarril, sólo 45,5 millones de euros por cada mil kilómetros de vía con un gobierno que este año sólo ha ejecutado el 7% del presupuesto disponible para infraestructuras ferroviarias, y que lleva toda una legislatura sin presentar los Presupuestos del Estado, loque impide la asignación de nuevos fondos para proyectos de infraestructuras, con los consiguientes retrasos en el inicio de obras cruciales, la paralización de proyectos en marcha, o la cancelación de inversiones previstas.

Como nada tiene que ver con ser público o privado, sino con la gestión política y de gobierno que la liberalización del servicio no se haya acompañado de la necesaria modernización de las infraestructuras cuando un informe de Seopan, la patronal de la construcción, estimaba en más de 150.000 millones las necesidades de inversión en infraestructuras de ferrocarriles. Y no ha sido la privatización sino este gobierno el que ha politizado ADIF sustituyendo a los ingenieros por amiguetes afiliados del PSOE en los cargos de máxima responsabilidad de la administración y la seguridad ferroviaria.

Efectivamente, no todos los políticos son Pedro Sánchez.