La amenaza yihadista, alentada por el hasta ahora imparable avance del Ejército Islámico en el norte de África y en Oriente Medio y que ha provocado ya ataques terroristas con víctimas mortales en Europa, está haciendo que las entidades financieras españolas, como muchas de sus colegas internacionales, refuercen sus controles sobre operaciones que puedan ser sospechosas de financiación del terrorismo. Otra de sus preocupaciones es detectar blanqueo de capitales, ya que en muchos casos detrás de esas operaciones está la financiación de actividades terroristas y/o criminales, estrechamente relacionadas.

El reforzamiento de las medidas de prevención del blanqueo de capitales por parte de los bancos que operan en España se apoya también en el afloramiento de numerosos casos de presunta corrupción por parte de políticos y de cargos públicos.

La normativa de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo obliga a las entidades financieras a conocer al titular real de cuentas bancarias y de otras operaciones. También tienen la obligación de identificar, entre sus clientes, a las personas con responsabilidad pública.

La banca viene reclamando, desde hace tiempo, instrumentos que faciliten sus obligaciones en la prevención y lucha del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que no supongan un choque frontal con la normativa sobre protección de datos personales.

El acuerdo con el Consejo General del Notariado, suscrito el pasado 19 de febrero por los presidentes de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, y de la Ceca, Isidro Fainé, facilita enormemente esos instrumentos.

Las entidades financieras que pertenezcan a estas patronales tendrán acceso a las bases de datos de “titular real” y de “personas con responsabilidad pública familiares o allegados de aquellas” del Consejo General del Notariado.

El Consejo General del Notariado creó las bases de datos de titular real y de personas con responsabilidad pública familiares o allegados de aquellas en marzo de 2012, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 304/2014. Ese fichero se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 28 de abril de 2012 y fue inscrito en el Registro General de Protección de Datos el 11 de julio de ese año.

La base legal de estos acuerdos entre la banca y los notarios es el Real Decreto 304/2014, que señala que los sujetos obligados podrán acceder a los ficheros creados al amparo de lo establecido en el artículo 15.1 de la Ley 10/2010 por otros sujetos obligados, por los órganos centralizados de prevención establecidos por organizaciones colegiales de ámbito nacional, o por terceros.

En virtud de estos convenios, las entidades financieras interesadas en acceder a estas bases de datos podrán suscribir un acuerdo individual con el Consejo General del Notariado. AEB y CECA se comprometen a difundir entre sus asociados la existencia del convenio. A

La AEB y la Ceca crearán sendas comisiones con el Consejo General del Notariado, que se encargarán de la aplicación del acuerdo, de la resolución de las incidencias que pudieran surgir, y de proponer al Ministerio de Economía posibles medidas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

La experiencia de los notarios

Los notarios desempeñan una labor determinante en el control y la prevención de delitos como el blanqueo de capitales. El Consejo General del Notariado creó en diciembre de 2005 el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) para intensificar y canalizar su colaboración con las Administraciones Públicas en esta materia.

En estos casi diez años la colaboración de los notarios ha sido decisiva para prevenir este tipo de delitos. El OCP ha permitido fortalecer la colaboración del Consejo General del Notariado con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y con las autoridades judiciales, y facilita enormemente la labor individual del notario.

Por su parte, tanto la AEB como la Ceca dedican una especial atención al apoyo y coordinación de sus entidades financieras asociadas en la prevención del blanqueo de capitales, así como a la colaboración con la Administración en estos asuntos.

“La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo constituye una actividad prioritaria para las entidades financieras, tanto por su responsabilidad social como por la necesidad de cumplir las obligaciones que les impone la legislación española vigente en esta materia, que es una de las más estrictas del entorno europeo”, señalan tanto en la AEB como en la Ceca.

Las dos patronales recuerdan que las entidades financieras que operan en España dedican “cuantiosos recursos operativos y organizativos” a la detección y prevención de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, en estrecha colaboración con el Sepblac.

Especulaciones sobre su integración

Como ya sucedió cuando AEB y Ceca organizaron al alimón una conferencia del presidente de la EBA, el supervisor europeo de la banca, Andrea Enria, en Madrid el 14 de enero, la coincidencia en la firma del convenio con el Consejo General del Notariado ha disparado las especulaciones sobre una integración de las dos patronales.

Esta cuestión, que aparece con cierta frecuencia entre medios financieros, no se encuentra sobre la mesa ni en la AEB ni en la Ceca. No obstante, la Asociación Española de Banca ya modificó sus estatutos para que pudieran ingresar como socios entidades financieras aunque no fueran específicamente bancos, todo un guiño a las antiguas cajas de ahorro. Pero hasta el momento sólo se ha producido la incorporación del Banco de Crédito Cooperativo, impulsado por Cajamar y otras cajas rurales.