Primero fue el cerrojazo informativo sobre la evolución de cómo iba la amnistía fiscal mientras estaba el plazo abierto hasta que la final, una vez concluido, el ministro Montoro se vio en la obligación de informar a la opinión pública de los resultados de este proceso.

Pero lo  hizo con una nota informativa tras adelantar en unas declaraciones fuera de Madrid que se habían recaudado 1.200 millones, la mitad de lo previsto. Pero no hubo ni rueda de prensa ni comparecencia parlamentaria ni cualquier otra fórmula en la que se sometiera a preguntas por este balance.

Todo hasta ahora cuando el estallido del “caso Bárcenas” ha provocado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy anunciara este lunes ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, una reunión en la que también ha avanzado la comparecencia en el Congreso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para hablar de la amnistía fiscal.

Esta información la realizó Mariano Rajoy junto al anuncio de que se efectuará una investigación interna y una auditoría externa de las cuentas del PP.

En concreto y según afirmó al término de la reunión la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, comparecerá a petición propia en el Congreso de los Diputados para explicar el procedimiento de regularización fiscal abierto el ejercicio pasado.

Bárcenas y la amnistía fiscal

La dirigente del PP criticó la actitud de la oposición, que ha denunciado en los últimos días que el Gobierno decidió esta regularización sólo para beneficiar al extesorero popular, Luis Bárcenas. “Esto es simple y llanamente un disparate y es completamente falso”, ha rematado, tras censurar que sea alguien que ha formado parte del Ejecutivo nacional quien haga estas acusaciones

Sin embargo, aunque la comparecencia de Montoro se realiza a peticion propia, lo cierto es que se produce después de que el sábado el PSOE, que en su día también promovió medidas de amnistía fiscal aunque con otros nombres y características, anunciase que iba a solicitar la comparecencia del Ministro de Hacienda.

La medida socialista fue criticada en su día por el PP y ahora se han cambiado las tornas contribuyendo así a la confusión de la opinión pública española que está llevando a dar a los políticos notas muy bajas de valoraciones.

Respecto al PSOE y en su nuevo papel contradictorio con lo que hizo en algunos momentos en el Gobierno presentó este lunes una batería de iniciativas parlamentarias sobre la reciente amnistía fiscal, incluyendo una comisión de investigación y la exigencia de investigar el origen de los fondos regularizados y de hacer públicos los beneficiarios, todo ello para aclarar «cuantos Bárcenas más» se han acogido a este procedimiento promovido por el Gobierno.

Según ha explicado la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, el PSOE ha registrado tres iniciativas: la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre el proceso de amnistía fiscal, una proposición no de ley para que la Agencia Tributaria ponga toda la documentación de este proceso en manos de los inspectores de Hacienda, y una proposición de ley para modificar la Ley General Tributaria con el fin de posibilitar que se conozca la identidad de los beneficiarios de esta regularización fiscal.

Rodríguez ha recordado que el PSOE ha venido combatiendo en los tribunales y en el Parlamento la amnistía fiscal porque sostiene que se trata de un proceso «indecente e inmoral» basado en un decreto ley de con graves irregularidades jurídicas y que, a su juicio, acabará siendo declarado inconstitucional.

Dudas y sospechas

Pero, además, asegura tener «serias dudas y sospechas» sobre su aplicación, pues el PSOE piensa que «se ha ido adaptado a las exigencias de los defraudadores en tres sentidos: pidiendo más ventajas, más seguridad y e impunidad».

Más ventajas, argumenta, porque quienes que han querido acoger a este proceso de amnistía han podido tributar menos por lo que declaraban; de hecho, el PSOE dice tener «serias sospechas» de que ni siquiera abonaron el 10%, sino sólo el 1% o el 2%.

También cree que los defraudadores han exigido más seguridad y que el Gobierno accedió a que sus declaraciones especiales no se pongan a disposición del servicio de inspectores de Hacienda, con lo que no se sabe si lo regularizado es o no de origen ilícito.

De ahí la propuesta para que los expedientes se pongan en manos de los inspectores y que, si se comprueba que el origen de los fondos no es legal, se ponga en conocimiento de la Fiscalía para revocar a amnistía.

Su tercera sospecha es que el Gobierno accedió a una tercera demanda de los defraudadores, que pidieron más impunidad y ante ello se aceleró «de urgencia y por la puerta de atrás» la tramitación de la reforma parcial del Código Penal que suprime el delito fiscal si aflora el dinero evadido.

«Son acusaciones y sospechas gravísimas que penden sobre el proceso de amnistía fiscal»,admitió  la portavoz socialista.

«¿Cuántos Bárcenas más se han beneficiado de esta amnistía fiscal? -se preguntó esta socialista-. ¿Cuántas personas con procesos abiertos, investigados por delito fiscal, se han acogido? ¿Cuántos fondos de origen ilícito han sido blanqueados en este proceso de amnistía fiscal? ¿Conocía el Gobierno que gente tan vinculada a su partido se acogía a esta amnistía fiscal?».