La suerte de CatalunyaBanc, tras declararse desierta la subasta por la falta de ofertas competitivas, está echada. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) tendrá que afrontar lo que iba a hacer el comprador de la entidad que ha heredado el negocio financiero de la fusión de tres cajas catalanas (Catalunya, Tarragona y Manresa): una severa reducción de su red de sucursales y de su balance, que implicará un fuerte ajuste de plantilla.

En el Frob defienden que la integración en el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, es la mejor opción. Argumentos a favor: mantenimiento de la marca y de la personalidad jurídica, que pueden facilitar su venta posteriormente; mayores ahorros y sinergias, sobre todo en servicios centrales; facilidades para las labores de supervisión; y que el ajuste lo realizaría un equipo experto como el encabezado por José Ignacio Goirigolzarri, José Sevilla y Antonio Ortega, que reforzaría al actual, que tiene al frente a Adolf Todó.

El presidente de Bankia y de BFA, José Ignacio Goirigolzarri, insiste en que no quiere hacerse cargo de otras entidades nacionalizadas. Ya lo dijo en mayo de 2012, cuando se hizo cargo del grupo tras la marcha de Rodrigo Rato. Y lo ha vuelto a repetir en la presentación de los resultados del pasado ejercicio (jueves 28 de febrero), en los desayunos de Europa Press (martes 5 de marzo) y en Forinvest (hoy). Pero tampoco cierra la puerta porque «es una decisión que a nosotros no nos corresponde«. «Bastantes líos tenemos en Bankia para andar con elucubraciones sobre otras entidades«, argumenta. «La decisión la tomará quien la tenga que tomar, y bien tomada estará«, zanja.

En Economía precisan que no se trataría de una fusión entre CatalunyaBanc y Bankia, sino que BFA contaría con esos dos bancos filiales. Una fórmula que valdría también para aclarar el futuro de NCG Banco si José María Castellano y César González-Bueno no concretan los inversores privados, fundamentalmente fondos internacionales, para la entidad. Y señalan que esa opción de fusión entre entidades nacionalizadas es la que menos gusta en Bruselas.

La Generalitat, que impuso la fusión de las tres cajas para crear un grupo que hiciera contrapeso a ‘la Caixa’, se opone a cualquier solución que no garantice el mantenimiento de la “catalanidad” de la segunda mayor entidad financiera de esta autonomía, tras CaixaBank. Sobre todo, tras ver cómo la otra entidad catalana, Unnim, pasaba a manos del BBVA.

Tanto en Economía como en el Frob insisten en que todas las opciones están abiertas, y que no hay prisa para tomar una decisión, porque la fecha tope impuesta por Bruselas es 2015. Una de ellas es mantener a CatalunyaBanc en solitario. Otra, vender la entidad troceada, que es lo que más gusta a los bancos interesados en crecer en Cataluña, como el Santander, Popular, Sabadell o Kutxabank. Una tercera posibilidad, más remota y con ningún apoyo entre las autoridades comunitarias, es unir a CatalunyaBanc con entidades que han recibido ayudas públicas pero no están nacionalizadas, como BMN o Liberbank.

 

Ajuste ineludible

Al margen de que todas las opciones estén abiertas, lo que es ineludible, tras fracasar la venta, es el ajuste en CatalunyaBanc, porque Bruselas impone, como al resto de las entidades nacionalizadas, un repliegue al territorio de origen, en este caso Cataluña, y a las actividades de banca comercial para familias y pymes. Como Bankia, CatalunyaBanc tendrá tres años para realizar ese adelgazamiento, que implicará también vender todas las participaciones industriales y financieras.

La versión menos pesimista del ajuste en CatalunyaBanc habla del cierre o, si fuera posible, la venta de 300 sucursales situadas fuera de Cataluña, de una disminución de la red en esta comunidad (ahora, unas 800 oficinas), y de una reducción de su balance de entre el 25% y el 30%, que era de unos 80.000 millones de euros antes del traspaso de los activos y créditos inmobiliarios problemáticos a la Sareb.

Otros cálculos elevan notablemente esas cifras. CatalunyaBanc deberá adelgazar su balance a 60.000 millones de euros e, incluso, a los 50.000 millones. Una reducción de tamaño que oscila entre el 25% y casi el 40%.

Esto se traduce en el cierre de más de 450 oficinas (las 300 ubicadas fuera de Cataluña y al menos otras 150 situadas dentro) y una notable reducción de los servicios centrales, lo que supondrá la marcha de 2.300 empleados, en el cálculo más optimista, y por encima de los 3.200, en el pesimista.

Con esas cifras, CatalunyaBanc se quedaría con la mitad de la red de sucursales y los de la plantilla que tenía cuando se fusionaron las caixas de Catalunya, Tarragona y Manresa en junio de 2010.