El mismo día que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, anuncia en el Congreso de los Diputados que Caja 3, el grupo formado por la fusión de la aragonesa CAI, la burgalesa Caja Círculo (ambas de fundación eclesiástica) y Caja Badajoz, recibirá 407 millones de euros de ayudas públicas antes de su absorción por Ibercaja, el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, ha destapado la caja de los truenos. Ha advertido a Caja 3 que “irá a por todas” si este grupo no frena el “expolio” al que se está sometiendo, según su opinión, a Caja Badajoz.

Monago exige una reunión “cuanto antes” con el presidente de Caja 3 porque los trabajadores Caja Badajoz “están viviendo un expolio”. El presidente de la Junta de Extremadura quiere que la dirección del grupo “se comprometa a un trato igualitario”, y a una “política que respete a los trabajadores de Caja Badajoz”. También reclama que “el valor de la aportación de Caja Badajoz en Caja 3 sea muy superior a este indignante 29% que tiene en la actualidad”.

“Vamos a ir a por todas, y quiero que tengan en cuenta que si nuestras demandas políticas en defensa de los trabajadores de Caja Badajoz no son atendidas, el Gobierno de Extremadura no descarta nada, ni tan siquiera romper el SIP”, enfatiza Monago, que no tiene empacho alguno en reconocer públicamente que la Junta “ya está estudiando” romper la fusión de Caja 3.

En el Banco de España, que declina comentar las palabras del presidente de la Junta de Extremadura, simplemente se limitan a recordar que dar marcha atrás a una fusión es muy complicado, conlleva penalizaciones y posiblemente obligue a la intervención de la entidad, como sucedió con la CAM tras fracasar su incorporación a Banco Base (CajAstur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria, actual Liberbank). Y que hay ayudas públicas concedidas por la Comisión Europea a través del Memorándum de Entendimiento (MoU) de por medio, con 407 millones de euros.

Precisamente esas ayudas públicas para el saneamiento de Caja 3 implican un fuerte ajuste de red y de plantilla del grupo, antes de su absorción por Ibercaja. Caja 3 pretende despedir a 592 empleados, prácticamente el 25% de la plantilla total.

Para complicar aún más una improbable marcha atrás en la fusión, Banco Grupo Caja3 ha formalizado con la Sareb un contrato de transmisión de activos y créditos inmobiliarios problemáticos por importe de 2.212 millones de euros. A cambio recibirá bonos del ‘banco malo’ con la garantía irrevocable del Estado español.

El Frob ha valorado Caja 3 en 370 millones de euros positivos, lo que, junto al ajuste previo que va a realizar el grupo, facilita su integración en Ibercaja.

Intervención de la Rural de Extremadura

Pero el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, no se conforma con abrir una caja de Pandora y protagonizar una vuelta de las interferencias políticas en los procesos de fusiones de entidades financieras. Porque también, y de forma pública, se ha mostrado dispuesto a intervenir la Caja Rural de Extremadura y a romper el Sistema de Protección Institucional (SIP) en la que está integrada, el Grupo Cooperativo Ibérico.

Monago, desde Mérida, ha querido enviar a los directivos de la sevillana Caja Rural del Sur, que pilotan el Grupo Ibérico (forma parte también la Rural de Córdoba, un «mensaje sereno pero firme” respecto a que «quien manda en Caja Rural de Extremadura no son los directores generales, sino la asamblea general”, cuyo «representante máximo es, sin duda alguna» su presidente, Román Prieto.

«Si fuera necesario, intervendremos la caja rural través de la Ley de Cooperativas de Crédito«, amenaza Monago. El presidente de la Junta de Extremadura recomienda a los directivos de Caja Rural del Sur que «se centren en Andalucía y que dejen a la Caja Rural de Extremadura que se reorganice y que tome sus decisiones”.

La ‘recomendación’ del Banco de España a las fusiones virtuales, como los SIP, para que se transformen en integraciones reales para “evitar riesgos futuros” está detrás de esa interferencia política. Monago interpreta que la Rural del Sur quiere absorber a la Rural de Extremadura.

Reacción del Grupo Ibérico

El Consejo Rector de Caja Rural del Sur, órgano de gobierno del SIP Grupo Cooperativo Ibérico, ha decidido, tras una sesión extraordinaria, poner en conocimiento del Banco de España los últimos acontecimientos referidos a Caja Rural de Extremadura. Al mismo tiempo, ha pedido una reunión con el consejero de Economía autonómico, Antonio Fernández, para conocer de primera mano la posición de la Junta en relación con el futuro del SIP y de la Caja Rural de Extremadura. La tercera decisión es solicitar a los asesores jurídicos externos del SIP, KPMG Abogados, que proceda a analizar los hechos acontecidos al objeto de determinar su impacto y consecuencias sobre el contrato de integración de las tres cajas rurales.

El Consejo Rector ha reafirmado su voluntad de continuar con el proceso de integración en su día emprendido, en las condiciones pactadas, y bajo políticas comunes que garanticen la futura solvencia del grupo y el mejor interés de los clientes de las tres entidades asociadas.

También recuerda que la elección del SIP como forma de integración entre las tres entidades respondió a su voluntad libremente expresada y al deseo de mantener su respectiva personalidad jurídica, de modo que cualquier avance ulterior en el proceso de integración dependerá de la voluntad de cada una de ellas formada en sus respectivos órganos de gobierno. Si se ha planteado recientemente esta posibilidad por parte de los Consejos Rectores de las tres entidades ha sido, precisamente, en la búsqueda de una mejora común en las ratios de eficiencia y de solvencia de las mismas, en atención a la recomendación expresa formulada por el Banco de España, precisa.