El Banco de España ha pedido a las cajas rurales implicadas en el Grupo Ibérico (la sevillana del Sur, la de Córdoba y la de Extremadura) que “reflexionen” sobre la posibilidad y, sobre todo, sobre las consecuencias de una ruptura del Sistema Institucional de Protección (SIP) o fusión virtual. El conflicto, que afecta fundamentalmente a la Caja Rural de Extremadura y que ha provocado una virulenta reacción por parte del Gobierno autonómico (en manos del PP gracias a los votos de Izquierda Unida), comienza precisamente por la ‘recomendación’ del Banco de España respecto a que las fusiones virtuales (aquellas en las que las entidades implicadas mantienen su personalidad jurídica y órganos de gobierno) se transformen en reales, con integración total, como adelantó el 10 de marzo diarioabierto.es.

A los problemas de la Caja Rural de Extremadura para seguir en el Grupo Ibérico se unen los de Caja Badajoz en Caja3 (formada también por la aragonesa CAI y la burgalesa Caja Círculo, ambas de fundación eclesiástica) antes de su integración en Ibercaja. La Junta de Extremadura quiere frenar la pérdida de peso de las entidades financieras de la región en sus respectivos grupos, ya que Caja Extremadura, la otra entidad de ahorro, está integrada en Liberbank (con CajAstur y Caja Cantabria). La reacción de su presidente, José Antonio Monago, ha sido amenazar con la ruptura del Grupo Ibérico y de Caja3 si las entidades extremeñas no obtenían un mayor peso en estas fusiones.

Monago ha ido elevando el tono de sus diatribas, hasta el punto de subrayar hace unos días desde Bruselas que el Banco de España «hace recomendaciones, pero no es palabra de Dios«. El presidente de la Junta de Extremadura ha hecho que vuelvan las interferencias políticas en las fusiones de entidades financieras como no se recordaban desde que Alberto Núñez Feijóo, que ocupa el mismo cargo en la Xunta de Galicia, impuso a Caixanova y a Caixa Galicia su integración, y desde que el de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, hiciera lo propio con Caja España y Caja Duero, o la Generalitat catalana al fusionar muchas de las caixas en CatalunyaCaixa y en Unnim, pese a que el Banco de España recomendaba procesos suprarregionales. El resultado que Unnim fue vendida al BBVA tras su nacionalización, NCG Banco y CatalunyaCaixa está nacionalizadas, y que Caja España Duero (Banco Ceiss) l si finalmente no es absorbido por la andaluza Unicaja.

Como Monago tiene nulas opciones de imponer a Caja Badajoz su salida de Caja3, por las fuertes penalizaciones contempladas por la normativa vigente y porque ese grupo ha recibido ayudas públicas tanto de España como de la Unión Europea, y porque por mucho que reclame más peso de la entidad en el grupo, éste va a ser absorbido por Ibercaja (la otra opción es la nacionalización, la venta o una hipotética liquidación), el presidente de la Junta de Extremadura se está volcando con la Caja Rural.

Así, Monago no tiene inconveniente en afirmar públicamente que le «parece muy bien» si la Rural de Extremadura se separe del Grupo Ibérico, porque “entregarse, aparentemente, a una segunda prácticamente a precio de saldo no es el objetivo de una entidad que es solvente». Ni en recordar que la Junta es el “supervisor autonómico” de la entidad: “el control de Caja Rural de Extremadura está todavía en Extremadura».

«Hay mucho que explicar de cómo se ha hecho todo ese proceso de integración«, señala, insinuando irregularidades en el proceso de creación del Grupo Ibérico. Monago insiste en el derecho de la Junta de Extremadura a “cuando tenga toda la información, como supervisor autonómico, ponerla en manos, no del Banco de España, sino de otro estamento de la vida administrativa de nuestro Estado«, en referencia a los tribunales.

«Caja Rural de Extremadura se tiene que gobernar desde Extremadura«, reitera Monago, que reclama a los directivos de la Caja Rural del Sur que sean «muy respetuosos» con esa entidad, porque «el tiempo de las conquistas pasó hace ya muchos siglos en España».

 

Reflexión, pero seguir adelante

El Banco de España no ha querido entrar al trapo y menos públicamente, de las diatribas del presidente de la Junta de Extremadura, y ha pedido a los directivos de la Caja Rural de Extremadura que «reflexionen» sobre la posibilidad de abandonar el Grupo Ibérico. Lo hizo en una reunión con las tres rurales del grupo, en la que también quedó meridianamente claro que el supervisor quiere que este SIP siga adelante y que vaya dando pasos para transformarse en real.

En ese encuentro, la Rural del Sur ha reiterado su disposición a que, «en el caso de que Caja Rural de Extremadura deseara abandonar el SIP y así lo comunicara formalmente, no va a impedir ni se va a oponer a ese deseo, siempre que lo autorizara el Banco de España”. «Caja Rural del Sur no va a ser un obstáculo para que cada una de las entidades pueda tomar la decisión que considere más adecuada, aunque existe un acuerdo de integración suscrito válidamente entre las entidades participantes del SIP hace tres años, y que todavía le quedan más de ocho años de cumplimiento«, precisan en la entidad.

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Román Prieto, ha indicado que la entidad someterá a votación la salida del Grupo Ibérico en una asamblea general que se convocaría en junio. Entre las condiciones para seguir, que la entidad «siga siendo Caja Rural de Extremadura» y que el Consejo Rector de esta entidad «sea el órgano máximo de la misma para que el crédito fluya a los agricultores, ganaderos, familias, y a la población extremeña, en general«.