Cambio de rumbo en la sede del Ministerio de Empleo. La ministra Fátima Báñez tendió hoy la mano al Partido Socialista en el Congreso durante una sesión en la cual los socialistas reprocharon a Báñez la falta de oportunidades que está llevando a emigrar en masa a los jóvenes.

En su respuesta, Báñez, que ayer reunió a la plana mayor de sindicatos y patronal para intentar remediar el varapalo judicial al sistema de cómputo de las pensiones, lanzó el guante a la bancada socialista a la que pidió colaboración en la escritura definitiva del decreto de apoyo a emprendedores, vigente desde febrero pero que aún admite enmiendas durante su tramitación como proyecto de ley.

Con este cambio de estrategia, Báñez se enfrenta a un segundo acto en su período al frente de Empleo, iniciada en diciembre de 2011. Después de haber impulsado una reforma laboral que le enfrentó a los sindicatos, la ministra intenta ahora anudar los hilos que atan su actividad con su principal objetivo: conseguir la devaluación salarial.

Por el camino, Báñez se ha tenido que enfrentar además a un segundo problema como es asegurar la viabilidad del sistema de pensiones, cuya solvencia está muy deteriorada después de que la Seguridad Social haya perdido tres millones de cotizantes por la crisis.

Así pues Báñez trata de hilar fino después de los primeros golpes de timón. Ajustado en lo posible el sistema de pensiones, con un estrechamiento de la vía de acceso a la jubilación anticipada, su departamento debe ahora impulsar la definición del llamado factor de sostenibilidad, una fórmula que pretende asegurar la viabilidad del sistema ajustando la cuantía de las pensiones en función de variables, aún por determinar, como la demografía el crecimientos económico o la evolución del número de cotizantes al sistema.

En este camino, la ministra, cuestionada en ocasiones pero cuyo nombre no aparece en las quinielas de los ministros ‘achicharrados’ tras año y medio de gobierno -en las cuales sí aparecen los de Wert o Ana Mato-, intenta ahora concitar algún consenso en torno a asuntos clave.

Ofrecimiento a empresarios y sindicatos

En esta línea, la reunión de este martes con los ‘primeros espadas’ de organizaciones sindicales y patronales, Ignacio Fernández Toxo, Cándido Méndez, Juan Rosell -que comparecerá en la tarde de este miércoles ante la prensa- y Jesús Terciado, y tras la cual los negociadores publicaron un comunicado conjunto en el cual afirmaban su intención de colaborar en la búsqueda de una solución al problema del sistema de cómputo del tiempo cotizado, echado abajo por un sentencia del Tribunal Constitucional, y que ha servido desde 1998 para decidir el acceso a una pensión de los trabajadores a tiempo parcial, principalmente.

En la reunión, Báñez ofreció a empresarios y sindicatos participar en la definición del factor de sostenibilidad, que modulará tras la reforma el crecimiento -o decrecimiento- de las pensiones. En este sentido, la ministra se ha reunido además en la mañana del miércoles con el comité de sabios que informará sobre su composición antes de seis meses.

Mensaje a los empresarios por el bloqueo de convenios

Otro frente abierto en la gestión de Báñez se relaciona con la negociación de convenios colectivos, muy afectada tras la reforma laboral. A diferencia del caso anterior, en esta ocasión la ministra sí trata ahora de apagar un fuego iniciado por su propia acción. Se trata de la ultraactividad, es decir la la prórroga automática de convenios colectivos y cuya eliminación trae de cabeza a las centrales sindicales.

En este aspecto, Báñez, a pesar de afirmar que la supresión de la ultraactividad “no es problema”, se vio obligada a continuación este lunes a lanzar una velada advertencia a los empresarios a los que llegó a proponer incluso la creación de un código de buenas prácticas para intentar evitar la fuga masiva de derechos laborales que se prepara para el próximo mes de julio.

Un brindis al viento según otras voces que resaltan el cinismo de Báñez al intentar apagar un fuego que ella misma inició. Así, desde la orilla sindical, está ya en preparación una movilización “general” a mediados de junio si la patronal persiste en el bloqueo de convenios. Baste para calibrar la magnitud del conflicto ver la distancia que separa las cifras manejadas por ambas partes. Así mientras para UGT y CCOO el problema afecta a entre tres y cuatro millones de personas, que estarían en trance de perder su convenio de referencia -y enfrentados por tanto a probable deterioro de sus condiciones de trabajo-, la patronal CEOE deja en poco más de cien mil el número de trabajadores afectados.

La movilización general anunciada para junio por las centrales de implantación en toda España puede tener además su preludio con una huelga general en el País Vasco y Navarra, cuya convocatoria estudian las centrales nacionalistas ELA y LAB y el resto de centrales y movimientos sociales integrados en la plataforma Gune.

Ante este panorama, Báñez intenta ahora tejer una red de consensos que soporte el peso de las reformas. En este sentido, la oferta de la ministra fue recibida este miércoles con frialdad por la oposición en el transcurso de la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

No en vano, el contenido del decreto ley de apoyo a emprendedores se encuentra ya en vigor, desde el pasado mes de febrero, si bien el Grupo Socialista se mostró dispuesto a colaborar en la redacción final del escrito que incluye incentivos al trabajo autónomo, y que se tramita como proyecto de ley.