La ministra de Empleo, Fátima Báñez, se mostró hoy dispuesta a mediar para favorecer “buenas prácticas” cuando, en julio, se cumpla un año de la entrada en vigor de la ley de reforma laboral. La ministra quiere evitar que el caos se apodere de la negociación colectiva, tal y como teme la oposición.

En julio, decenas de convenios perderán su vigencia a raíz del fin de la ultractividad decretado por la reforma laboral, impulsada por la propia Báñez. Ante esta situación, unos tres millones de trabajadores se enfrentan a la pérdida del marco legal que ampara su relación laboral con las empresas. Quedarán entonces a expensas del Estatuto de Trabajadores, en caso de no existir un convenio de ámbito superior.

El fin de la prórroga automática de los convenios provocará una pérdida de derechos laborales sin precedentes en nuestro país. Ante la proximidad de la fecha, los sindicatos llevan meses denunciando que los empresarios se resisten a firmar nuevos compromisos, sabedores de que el tiempo juega a su favor.

Báñez, que compareció este martes en el Congreso tras la demanda en bloque de la oposición tras conocerse los últimos datos del paro, se ofreció a mediar para “favorecer buenas prácticas” y evitar así situaciones indeseadas, según dijo en respuesta a una pregunta del diputado de CiU, Carles Campuzano.

Báñez desoyó la petición de la oposición que hoy le demandó en bloque un gran acuerdo social por el empleo. En este sentido, las previsiones del Banco de España conocidas este martes apuntan a que el paro se aproximará a los siete millones de personas a finales de 2013, tal y como le recordó el diputado de PNV, Emilio Olabarría, tras conocer las previsiones del banco nacional.

Báñez, que había pedido a su vez comparecer para explicar su Estrategia de empleo joven, anunció en este sentido que el nuevo programa prevé conceder 400.000 incentivos a la contratación de jóvenes en 2013 y beneficiar a un millón de jóvenes en total durante sus cuatros años de vigencia hasta 2017.

En este sentido, la oposición exigió a la titular de Empleo un plan de choque que incluya a las personas de más edad. Asimismo, criticó sus políticas por centrarse en el trabajo autónomo. En concreto, Olabarría criticó que se busque tan solo eliminar cotizaciones al inicio de la actividad cuando lo que se necesita es “crédito al circulante”, según detalló.

En este sentido, Campuzano cifró en 170.000 el número de jóvenes sin estudios ni trabajo -muy lejos de las cifras oficiales- y echó en falta más medidas para este colectivo “muy reducido”, dijo.

Reforma laboral: Ni salarios ni empleo

Sin embargo, el grueso de las críticas de la oposición se centró en la reforma laboral. En este sentido, Báñez anunció que el Gobierno analizará su marcha cuando se cumple un año de su aprobación. El balance se dará a conocer cuando se publiquen a finales de abril los datos de paro de la próxima encuesta de población activa (EPA).

Olabarría y Campuzano destacaron en sus críticas a la reforma laboral, cada uno en sentido opuesto. Por su parte, Olabarría, también profesor universitario, resumió sus diatribas afirmando que la reforma laboral está resultando un «elemento patógeno» para el empleo”.

Por el contrario, Campuzano negó que la nueva normativa sea responsable de la actual destrucción de empleo. Según el diputado catalanista, el origen se encuentra en las políticas económicas planteadas desde la Unión Europea a mediados de 2011.

En este sentido, Campuzano demandó un plan de choque «no solo para los jóvenes». También exigió la corrección del aumento de la litigiosidad detectada tras la reforma, así como la “mediación” de la ministra que evite el caos por el fin de la ultractividad de los convenios.

Otros grupos, en cambio, incidieron en el problema social creado por los recortes en las prestaciones sociales. El propio Campuzano recordó que el fin de los subsidios añade presión sobre las cuentas autonómicas.

En la misma línea, el diputado de UpyD, Álvaro Anchuelo, y el de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, explicaron que España ocupa el antepenúltimo puesto en lo relativo a igualdad entre los países de la UE.

Además, añadieron, la reforma laboral tampoco ha cumplido el objetivo de moderar el número de despidos a cambio de bajadas de sueldo. Los salarios se han reducido pero se sigue despidiendo; “menos empleo y menos salario”, concluyeron.

Por último, la diputada del Grupo Socialista, Concha Gutiérrez, pidió al Gobierno la firma de un gran acuerdo social por el empleo. La portavoz socialista, que protagonizó un rifirrafe a cuenta de su pertenencia al Gobierno de los ERE de Griñán en Andalucía, criticó las cifras ofrecidas por Báñez porque, según dijo, no tienen en cuenta la caída «espectacular» que se ha producido en la población activa, que cifró en 176.000 personas.