1,7 billones de euros. Es el importe de la factura de los rescates de los bancos desde la crisis financiera internacional iniciada en el verano de 2007 que ha tenido que ser asumida por los Estados y, por tanto, por los contribuyentes. En España, la recapitalización de las entidades financieras con dificultades, un tercio del sistema, equivale al 6% del PIB. “Cabe esperar que se recupere una parte de las ayudas públicas tras la venta de las entidades participadas por el Frob”, afirma Santiago Pernías, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), en la presentación de la obra “La quita y la conversión de los acreedores bancarios. El bail-in”.

La obra analiza la nueva normativa europea de solvencia y de resolución de entidades financieras, que la UE aprobará a finales de junio y que entrará en vigor a partir de 2014, con un período de implementación que culminará en 2019. La norma incorpora el ‘bail-in’, la quita o la conversión en instrumentos de capital de la deuda de los acreedores para minimizar el coste para el contribuyente. “No es aceptable que el contribuyente soporte el coste de una quiebra antes que los accionistas y los inversores de esa entidad”, argumenta el profesor del Executiva Master en Dirección de Entidades financieras del IEB, Enrique Pérez-Hernández.

La normativa fija prioridades en el reparto de la factura del rescate: primero, las acciones; luego, las obligaciones convertibles y las participaciones preferentes; en tercer lugar, las obligaciones subordinadas computables como Tier 2; después vienen los ‘precautionary Cocos’, que son instrumentos de deuda que incorporan cláusulas contractuales por las que sufrirán una quita o serán convertidos en instrumentos de capital en caso de necesidad. Tras éstos, los recursos ajenos subordinados (deuda no computable como recursos propios), la deuda senior, los depósitos no asegurados y los asegurados no cubiertos por el Fondo de Garantía, los que superan los 100.000 euros.

Quedan excluidos de pagar la factura del rescate de un banco con problemas los acreedores no financieros, los depósitos hasta 100.000 euros y la deuda e instrumentos garantizados, como los bonos o las cédulas hipotecarias.

Prevenir el contagio

Los expertos del IEB resaltan que el objetivo de la nueva normativa es “evitar el contagio de una quiebra a otras entidades, el efecto dominó, la caída desordenada de bancos”. Y consideran que pone el acento en las medidas preventivas y en la protección de los contribuyentes y de los ahorradores. Pernías cree que contribuirá a reducir la probabilidad, e incluso evitar que se repitan casos como el de Chipre, en el que se llegó a plantear una quita a los depósitos protegidos por el Fondo de Garantía, que finalmente no se llevó a efecto (sí la hubo para los depositantes no cubiertos).

El resultado será “unas entidades de crédito más sólidas, sometidas a mayores exigencias prudenciales; unas entidades de supervisión y regulación investidas de mayores potestades, unos mecanismos más efectivos en la prevención y resolución de crisis; unos consumidores más protegidos, pero también unos accionistas y acreedores bancarios más responsables de los riesgos que asumen” a la hora de realizar inversiones en entidades financieras.

Las entidades financieras deberán replantearse su estructura de financiación, teniendo en cuenta que la ratio préstamos/depósitos y contar con una base estable de depósitos van a ser clave. Tendrán que sustituir títulos emitidos en el pasado, que dejarán de ser computables como capital con la nueva regulación, por otros que sí la cumplan. En este sentido, los profesores del IEB aplauden la emisión realizada por el BBVA de ‘contingent convertible’ en acciones, que computarán como computen como Tier 1 adicional en Basilea III. “Es estupendo que un banco español salga al mercado tomando la iniciativa, y sea la primera entidad financiera europea que refuerza su posición de capital con los nuevos instrumentos creados por la Directiva de Requerimientos de Capital”, subrayan.

“No es evidente que esta nueva regulación deba suponer, necesariamente, un mayor coste de financiación para todas las entidades. Cabe esperar que las entidades más sólidas y solventes, en la medida en que ofrecen mayor seguridad a sus acreedores, puedan obtener recursos a menor coste que las entidades menos robustas”, opina Santiago Pernías. “Estas medidas provocan mayor claridad y certidumbre de quién paga qué, por lo que las entidades deberían ver como vuelve poco a poco la normalidad a los mercados de financiación”, aporta Enrique Pérez-Hernández.