La reforma de las pensiones aconsejada por el grupo de expertos ha abierto la caja de los truenos. Por un lado, hay tormenta en Comisiones Obreras, el voto de cuyo experto ha abierto un cisma en el seno la central que dirige Ignacio F. Toxo. En segundo lugar, en el PSOE, otro de los actores llamados a un gran pacto y que ha mostrado hoy sus dudas sobre una de las fórmulas contenidas en el informe. El PSOE ha dicho que es inconstitucional.

El Ejecutivo observa con preocupación los efectos del informe de expertos sobre la reforma de las pensiones. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, llamó este martes a concentrar fuerzas en la firma de un acuerdo “político y social” más allá del informe “técnico” que representa el documento que define el factor de sostenibilidad.

Báñez desea sumar al mayor número de actores al nuevo pacto por las pensiones. Entre ellos destacan el PSOE, CiU, los sindicatos y la patronal. En este marco, en el ministerio de Empleo preocupa la crisis abierta en CCOO a raíz del voto favorable de su experto, Miguel Ángel García, al informe de la comisión. En este sentido, Toxo pugnaba este martes por apagar el incendio en el seno de la central. Reunido con la cúpula, el líder de CCOO trataba de mitigar el malestar surgido en una parte de la militancia. Una rebelión encabezada por el Gabinete Interfederal y el sector de los críticos encabezado por el histórico Agustín Moreno.

El sector crítico acusa a Toxo de tibieza a la hora de desautorizar el voto de García. Señalan, además, entre los culpables a Carlos Bravo, responsable de Seguridad Social, a quien se acusa de estar detrás del informe.

Vulneración de derechos

Por su parte, UGT, otro de los llamados a la firmad el acuerdo, revalidó hoy su oposición a la propuesta de base. Uno de los expertos, Santos Ruesga, ligado a UGT, y el único entre los ‘sabios’ que votó contra el informe, desveló hoy algunos detalles de su elaboración. Según dijo, la Abogacía del Estado advirtió contra una posible vulneración de los derechos de los pensionistas. Esta vulneración se produciría si la fórmula finalmente aceptada recorta las pensiones de los actuales jubilados. En cambio, no habría vulneración si se recorta la pensión inicial de los pensionistas futuros.

En opinión de Ruesga, la comisión de expertos ha actuado influida por el Gobierno, que se opone a utilizar el Fondo de Reserva porque computa como déficit. El año pasado el Ejecutivo tuvo que recurrir dos veces a esa ‘hucha de las pensiones’ para pagar las prestaciones.

Según Ruesga, el Gobierno desea a toda costa implantar el factor de revalorización anual (FRA). Esta fórmula desliga del IPC el crecimiento de las pensiones, la fórmula actual que cada año añade 2.000 millones de gasto extra al gasto en pensiones. Este factor recortaría poder adquisitivo a las pensiones. Aunque se ha abierto la puerta a recuperarlo en épocas de bonanza, en el último documento. Según Ruesga, el ahorro previsto con el concurso del otro mecanismo, el llamado factor de equidad intergeneracional (FEI), es mínimo.

En esta línea, el PSOE alertó este martes contra el factor de revalorización anual (FRA) al entender que este mecanismo puede ser inconstitucional, según dijo su portavoz económico en el Congreso, Valeriano Gómez, muñidor además de la anterior reforma, aprobada en 2011.

Por su parte, el portavoz de la coliación catalana CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, afirmó que el informe de los expertos contiene cosas que “hay que valorar” pero también otras con las que la coalición catalana está “completamente en desacuerdo”, dijo.