La Federación de Autónomos ATA ha aplaudido hoy la puesta en marcha de la factura electrónica anunciada este jueves por el Gobierno. Una medida que según la federación de trabajadores por cuenta propia supondrá “un gran avance” para poner fin a la morosidad pública. No obstante, los autónomos instaron al Ejecutivo a poner en marcha otras medidas a fin de acabar por completo con esa “lacra” de los retrasos e impagos de las Administraciones.

Cuando entre en vigor, las Administraciones deberán dejar un registro electrónico único en el momento en que los proveedores les presenten una factura. Un rastro informático que podrá consultarse por Internet y que terminará con las facturas escondidas en los cajones, según aventuran desde ATA.

El registro único fija una fecha a partir de la cual empiezan a correr 30 días de plazo. Ese es el tiempo establecido por la actual ley de morosidad para que las Administraciones abonen sus facturas. La transparencia de Internet permitirá corregir otros vicios administrativos, como el viaje de un despacho a otro de esas facturas, lo que dilata los pagos. Actualmente solo esa trayectoria administrativa consume en ocasiones más de los 30 días de plazo máximo estipulado para el cobro.

Beneficia a 150.000 autónomos

“Este es el camino para acabar con la lacra de la morosidad”, ha dicho Lorenzo Amor, presidente de ATA, quien estima en 150.000 autónomos el número de proveedores habituales de la Administración que se beneficiarán del registro único en la facturación pública. La medida forma parte de un paquete de iniciativas llamadas a reformar la estructura administrativa del Estado

También permitirá acabar con otras triquiñuelas, esta vez relacionadas con los agentes privados. Se trata de las empresas que dilatan intencionadamente los pagos a sus subcontratados -muchos de ellos autónomos y pequeñas empresas- escudándose en impagos ficticios de las Administraciones. Además servirá para conocer con precisión el plazo de pago de las Administraciones, en este momento de 151 días.

Actualmente las Administraciones acumulan una deuda con los autónomos por valor de 5.000 millones de euros, según ATA.