La izquierda parlamentaria y social se ha mostrado dividida sobre qué hacer con el déficit de la Seguridad Social. Un día después de que el Ejecutivo extrajera 3.500 millones de euros para pagar las pensiones de julio, los sindicatos y el Grupo Socialista exhibieron este lunes en el Congreso sus discrepancias sobre el modo en que deben enjugarse los ‘números rojos’ del instituto de previsión social, pagador de las pensiones.

Mientras los socialistas no se oponen a utilizar el fondo de reserva, la conocida ‘hucha de las pensiones’, durante tres o cuatro años, el sindicato UGT es partidario de que sea el Estado el que financie el déficit cuya previsión para este año supera los 14.873 millones. Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) cree que es mejor subir temporalmente las cotizaciones que pagan a la Seguridad Social empresas y trabajadores.

Las discrepancias de la izquierda parlamentaria y social quedaron al descubierto en el transcurso de la sesión celebrada en el Congreso de los Diputados en torno al llamado factor de sostenibilidad. La comisión del Pacto de Toledo, encargada de supervisar el funcionamiento del sistema de pensiones, recibió a los expertos de los dos principales sindicatos del país en una ronda de comparecencias iniciada después de que un grupo de expertos presentara recientemente a propuesta del Gobierno una propuesta para la introducción del mencionado factor de sostenibilidad en el sistema nacional de pensiones, una suerte de doble filtro que regularía las prestaciones en función de la demografía y de los ingresos y gastos de la Seguridad Social.

En lo que sí están de acuerdo socialistas y sindicatos es en señalar la responsabilidad de la reforma laboral de 2012 en el deterioro de los ingresos de la Seguridad Social, el organismo responsable del pago de las pensiones. La nueva normativa, coincidieron, ha propiciado una devaluación salarial que ha provocado en 2012 un retroceso por primera vez en las bases de cotización a la Seguridad Social según señaló el responsable del área de CCOO, Carlos Bravo, durante su comparecencia en el Congreso. Una posición con la que no está de acuerdo el Grupo Popular, que insiste en que la reforma ha servido para salvar empleos desde que se aprobara en primer lugar en forma de decreto y más tarde en forma de ley.

Carlos Bravo trazó un detallado mapa sobre los problemas que atraviesa el sistema público de pensiones. Admitió en primer lugar que el sistema ha perdido un millón de cotizantes desde que su sindicato, junto a UGT, el Gobierno socialista y las organizaciones empresariales, firmó la ley de reforma de las pensiones que entró en vigor en 2011 y que retrasa paulatinamente la jubilación hasta los 67 años.

La ‘hucha’, reservada para los del ‘baby boom’

El representante de CCOO instó al Gobierno a dejar de utilizar el fondo de reserva. El sábado pasado el Ejecutivo extrajo 3.500 millones de euros para abonar la paga de julio a los pensionistas. Sin embargo, en opinión de Bravo, este fondo debería reservarse para el momento en que comience a jubilarse la generación del ‘baby-boom’ a partir de la próxima década.

Según sostuvo, un sistema de de pensiones no puede tratar de forma diferente a las distintas generaciones y mucho menos porque estas sean más numerosas, añadió. En su lugar, Bravo propuso que se suban las cotizaciones a las empresas y a los trabajadores, si bien, matizó, tras admitir que es un mal momento para hacerlo, debido a la actual crisis económica, dijo que es preferible reordenar el esquema actual, en especial en lo que se refiere a contingencias comunes, uno de los tres apartados por que se cotiza al instituto de previsión social.

Aun así Bravo defendió que una subida de dos puntos en las cotizaciones sociales aportaría entre 6.000 y 7.000 millones adicionales al año, lo que permitiría garantizar que el Fondo de Reserva “no se va a agotar” antes de la jubilación de los nacidos entre 1955 y 1975, la mencionada generación del ‘baby boom’.

Que el Estado devuelva lo pagado

Con todo, el responsable de CCOO presentó otra solución contra el déficit actual. En concreto, Bravo defendió que el Estado compense los gastos impropios en que ha incurrido la Seguridad Social para financiar los llamados complementos a mínimos, una cantidad que cifró en 49.000 millones durante la última década. “Igual que entonces se pagó, ahora puede devolverse”, insistió.

En esta misma línea, la representante de UGT, Carmen López, abogó en su turno por que sea el Estado el que financie los ‘números rojos’ de la Seguridad Social. “No nos oponemos a subir cotizaciones”, dijo, si bien matizó que a UGT no le parece un buen momento para pedir un esfuerzo extra a “pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores”.

El Grupo Socialista apoya el uso del Fondo

Por su parte, el Grupo Socialista se mostró a favor de utilizar el Fondo de Reserva durante tres o cuatro años. Según su representante en la Comisión, Isabel López i Chamosa, la hucha de las pensiones puede servir ahora para dar “tranquilidad” al sistema mientras se estudia cómo ha funcionado la reforma pactada en 2011, algunas de cuyas disposiciones han entrado en vigor este mismo año.

Con todo, López i Chamosa fijó al Gobierno las “rayas rojas” de los socialistas a la hora de negociar el nuevo factor de sostenibilidad, la reforma que pretende implantar antes de septiembre el Gobierno. Mientras, dijo, el Grupo socialista está abierto a hablar sobre una de las dos fórmulas de control del gasto en pensiones, el llamado factor de equidad intergeneracional (FEI) que tiene en cuenta la esperanza de vida al fijar la pensión inicial, en ningún caso aceptará que se sustituya la actual fórmula de revalorización conforme al IPC por el segundo factor presentado por los expertos, el llamado Factor de Revalorización Anual (FAR).

En la misma línea, el representante de CCOO defendió que no se puede dejar que un pensionista construya con su esfuerzo contributivo una pensión y que ésta empiece a perder valor al año siguiente, como sucedería si se abandona el IPC como modelo para actualizar año a año las pensiones, dijo. “Si alguien tiene otro modelo que lo diga”, matizó abriendo así la puerta a otras fórmulas que tengan en cuenta “los salarios, la evolución del IPC u otros”, aunque siempre, matizó, que se respete ese suelo mínimo que marca el IPC, a fin de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas.