Los ayuntamientos han encontrado una fuente de financiación en los cajeros automáticos que los bancos instalan en la calle. Cada vez más municipios aplican una tasa que deben pagar las entidades financieras, apoyándose en sentencias del Tribunal Supremo. Esta tasa, justificada por las corporaciones locales en el aprovechamiento especial del dominio público por parte de la banca, es válida para el Supremo porque los cajeros automáticos “constituyen oficinas de urgencia de las entidades financieras” y ofrecen servicios de forma continua obteniendo el consiguiente provecho económico. Por tanto, la mayor intensidad en el uso del espacio público proporciona a las entidades financieras un beneficio específico y exclusivo que podrá ser gravado con tasas locales, zanja el tribunal.

El Ayuntamiento de El Campello (Alicante) y el de Valencia capital son los últimos en aprobar la tasa para que los bancos paguen por los cajeros situados en la vía pública. En el primer caso, son 1.000 euros por los ocho cajeros instalados en las fachadas de inmuebles con acceso a la vía pública. La medida, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, fue aprobada por el pleno municipal en julio. La portavoz de EU de El Campello, Raquel Pérez, promotora de la iniciativa, argumentaba que los bancos “se enriquecen de la utilización del dominio público” y que “donde exista un cajero aumenta la probabilidad de robos y siempre suponen, en horario nocturno, una especial atención para la Policía”.

El Ayuntamiento de Valencia aprobó recientemente la tasa, con los votos del PP y de Compromís. Este gravamen se aplicará a partir de 2014 y afecta a los cajeros que tienen los bancos instalados en la calle y que son utilizados desde la vía pública, atendiendo al aprovechamiento especial del dominio público local. Quedan excluidos los cajeros situados dentro de las oficinas bancarias, ya que no hacen uso de la vía pública.

La nueva tasa, que ha contado con el voto en contra del PSPV y la abstención de EU, establece tres categorías fiscales determinadas en función de los valores catastrales del suelo donde se ubique cada cajero según un estudio hecho por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) para la modificación de la Ordenanza sobre el Impuesto de Actividades Económicas. El Ayuntamiento de Valencia ha estudiado la aplicación de esa tasa en otros municipios, como Murcia, Barcelona, Sevilla, Málaga, Alicante, Bilbao, y, en la Comunidad Valenciana, Castellón, Elche o Torrent.

La tasa que cobrará a los bancos por los cajeros el Ayuntamiento de Valencia será de 592 en la 1ª categoría fiscal; 532,8 euros en la 2ª y 503,2 euros en la 3ª. En el consistorio calculan que afectará a unos 300 cajeros, por lo que los ingresos podrán ascender a unos 150.000 euros anuales.

Moción en Requena

En el Ayuntamiento de Requena, Izquierda Unida ha presentado una moción para que  los bancos paguen una tasa municipal por los cajeros automáticos. En su propuesta, Fernando Navarro, portavoz de EUPV en el consistorio, señala que “el Tribunal Supremo dio vía libre a los municipios para poder cobrar a cajas y bancos por la utilización intensiva que los cajeros automáticos hacen de los espacios públicos” en una sentencia del 11 de febrero de 2009.

“Constituye el hecho imponible de la Tasa el aprovechamiento especial del dominio público que comporta la instalación por las entidades bancarias u otras entidades de cajeros automáticos y demás aparatos de que se sirven las entidades financieras para prestar sus servicios en las fachadas de los inmuebles, con acceso directo desde la vía pública a través de los cuales los establecimientos de crédito prestan a sus clientes determinados servicios y operaciones propias de la actividad bancaria, trasladando a la vía pública el desarrollo de dichos servicios que habrían de ser realizados en el interior de sus establecimientos”, señala la moción. Ésta propone una tasa de 1.000 euros anuales por cajero automático.

No de Madrid

Frente a la avalancha de municipios que han implantado una tasa a los cajeros automáticos, el Ayuntamiento de Madrid insiste en que no aprobará esa medida. En el consistorio argumentan que los ingresos, calculados en unos 700.000 euros anuales, son inferiores a los costes de implantación de la tasa, cifrados en 1,15 millones el primer año y 350.000 euros los siguientes. Y que la tasa terminaría perjudicando a los ciudadanos, ya que los bancos podrían repercutir ese coste en los usuarios de los cajeros automáticos, además de dar más argumentos para que cierren más sucursales en la ciudad.