El concepto de sostenibilidad es intrínseco al seguro, ya que precisamente esta actividad sostiene a la sociedad cubriendo sus riesgos. Por lo que sorprende que las aseguradoras que operan en el mercado español carezcan de un catálogo amplio de productos sostenibles, como puso de manifiesto un informe de Icea. Hace una semana, el consejero delegado de DKV, Josep Santacreu, aprovechaba la presentación del cuarto informe del Observatorio DKV Salud y Medio Ambiente para reclamar al sector asegurador un mayor compromiso con la sostenibilidad.

Un informe presentado en el IV Evento anual de Spainsif, el foro de la inversión socialmente responsable (ISR) en España, señala que “con que los signatarios de los Principios de la Sostenibilidad en Seguros los aplicaran en España, se produciría un importante salto en el mercado minorista”. “Probablemente, además, obligaría al resto del sector financiero a ser más activo” en este campo, apunta el informe realizado por la consultora de previsión social y seguros Novaster, que ha contado con el patrocinio de Caser.

“Desde hace años llevamos apreciando una notable descoordinación sobre la inversión socialmente responsable en el ámbito asegurador multinacional entre las centrales internacionales y sus sucursales, al menos en España”, enfatiza el estudio de Novaster.

El informe señala que España, adoptó en 2011 una normativa específica de inversión socialmente responsable, que incluía los sistemas de pensiones. Este modelo ha arraigado entre los inversores institucionales, sobre todo los grandes fondos de pensiones de empleo. “Hoy en día la mayoría de los patrimonios bajo gestión en esta área siguen algún criterio ISR”, subraya.

En cambio, la inversión socialmente responsable “prácticamente no está presente en los productos de inversión de distribución personal o retail”: apenas supone 1.000 millones de euros, cuando la ISR mueve 57.000 millones sobre un volumen total de 285.000 millones en fondos de inversión y de pensiones.

El éxito de la ISR retail “depende del liderazgo del sector financiero”, subraya el estudio de Spainsif. Y más en España, donde más de dos tercios de la asesoría de inversión individual la proporciona la red bancaria y aseguradora. “Si esa red no tiene los adecuados conocimientos, y también los correctos y competitivos incentivos, es probable que todo lo demás, desde la perspectiva del mercado estrictamente individual, no tenga éxito”, concluye el informe.

Requerimientos desde enero

En el encuentro de Spainsif, la directora general de Seguros y Fondos de Pensiones, Flavia Rodríguez-Ponga, recuerda que Solvencia II, que entrará totalmente en vigor en 2016, va a fomentar la inversión socialmente responsable en estas actividades. La Junta Consultiva de Seguros estudiará, en este sentido, propuestas normativas sobre los criterios de inversión, control de riesgos o buen gobierno para las compañías aseguradoras y gestoras de pensiones.

Porque algunos de los requerimientos de Solvencia II entran en funcionamiento en enero de 2014, dos años antes, como la evaluación de los riesgos, la información que las aseguradoras y las gestoras de fondos de pensiones deben entregar al supervisor o los mecanismos de gobernanza de éstas. Elementos muy relacionados con los criterios de inversión socialmente responsable.