Una empresa pública, Tragsatec, seguirá primando a sus directivos mientras a la vez esgrime su mala situación para despedir a 803 trabajadores, un 16 por ciento de la plantilla. En total, el número de despidos asciende a 1.649 si se incluyen los de la matriz, Tragsa. Los trabajadores de ambas compañías participadas por la SEPI han convocado una huelga general el 7 de noviembre. La protesta se completa con una manifestación por Madrid.

Tragsatec, la empresa pública participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), mantiene su política de reparto de incentivos entre su cúpula directiva mientras a la vez, planea despedir a 803 de sus 4.695 empleados, un 17 por ciento de la plantilla.

Al igual que su matriz, Tragsatec se dedica al cuidado del medio rural y natural y opera en toda España. Por su parte, Tragsa, la matriz, ha presentado otro expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 836 trabajadores, un 16 por ciento de su plantilla, integrada por 5.153 personas.

Siete millones en incentivos

Los sindicatos consideran “absolutamente desproporcionado” el número de trabajadores incluidos en los procedimientos de despido colectivos en Tragsa y Tragsatec, y han exigido a la dirección de la filial y de la matriz la retirada de los mismos.

En concreto, los representantes sindicales exigen a Tragsatec la retirada de los incentivos o DPO que cobran sus directivos. Según el representante de Comfia, la rama de servicios de CCOO, Claudio Landeira, “no tiene sentido” que se mantengan las primas si la situación de la compañía es tan mala, según manifestó a diario abierto.

Según los cálculos sindicales, terminar con las primas a los directivos ahorraría 7 millones de euros. Otros 8 millones podrían lograrse si se reducen gastos externos y aprovisionamientos.

El representante sindical acusa a la compañía de usar cifras erróneas para justificar el ERE, presentado por causas organizativas, técnicas y económicas. Así, Landeira asegura que la compañía utiliza una previsión de pérdidas fechada en 2012, por valor de 13 millones de euros. Sin embargo, la última previsión data de septiembre de 2013, cuando las pérdidas se redujeron a 11 millones.

Con la simple actualización de pérdidas podrían salvarse 170 empleos, afirma Landeira.

Tragsatec quiere ahorrar 30 millones al año en gastos de personal. Sin embargo, la mala situación que atraviesa la empresa es “absolutamente coyuntural”, esgrime el representante de CCOO. De hecho, es la primera vez que Tragsatec tiene previsión de pérdidas, asegura. Los años anteriores siempre hubo beneficios, que sirvieron para engordar una bolsa de reservas voluntarias de 150 millones de euros.

Tras provisionar sus beneficios, la empresa se niega ahora a echar mano de las reservas para salvar el empleo, ataca el sindicalista.

Tragsatec y Tragsa realizan trabajos en el medio rural y natural en toda España. El próximo jueves, la dirección de la empresa ha convocado una nueva reunión con los sindicatos. Si no hay solución, sus 9.848 trabajadores están llamados a la huelga el 7 de noviembre.

Además, los trabajadores de Tragsa y Tragsatec se manifestarán en Madrid también el 7 de noviembre. La manifestación partirá del ministerio de Agricultura, en Atocha; y desembocará en las puertas del ministerio de Hacienda, junto a la Puerta del Sol.