El ministerio de Empleo detallará en las próximas semanas cómo piensa gastarse los 1.800 millones que le entregará Bruselas entre 2014 y 2015 para luchar contra el paro juvenil. Según lo avanzado, el grueso de las ayudas se destinará a ayudas, bonificaciones e incentivos fiscales, que cobrarán los empresarios cuando decidan contratar a menores de 25 años, tal y como se determina en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven.

A partir de enero, España recibirá fondos procedentes de la Unión Europea (UE) por el equivalente a 1.800 millones de euros. Con esta disposición, España se convierte en el mayor receptor de estas ayudas destinadas a combatir el paro juvenil, según confirmaron los líderes europeos reunidos este martes en París.

Por su parte, el Gobierno español ya ha avanzado cómo gastará los fondos europeos contra el paro juvenil. A la espera de que se concrete el programa-que debe enviarse a Bruselas antes de diciembre-, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, anunció este martes que el grueso de las ayudas se destinará a ayudas, bonificaciones en los pagos a la Seguridad Social que realizan los empresarios y rebajas fiscales cuando se contrate a menores de 25 años.

El destino de los fondos está marcado en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, añadió el jefe del Ejecutivo. Al aprobarse el pasado mes de febrero, la Estrategia se marcó como objetivo “mejorar la empleabilidad de los jóvenes”, “aumentar la calidad y la estabilidad del empleo” y “fomentar el espíritu emprendedor”, entre otras metas.

La Estrategia incluye un plan de choque con 15 medidas a corto plazo y otras 85 medidas a más largo plazo, con las cuales se pretende incentivar la contratación y la iniciativa empresarial entre los jóvenes, adecuar la educación y formación a la “realidad” del mercado de trabajo, mejorar la intermediación laboral y reducir la tasa de abandono escolar.

Además, la Estrategia se elaboró pensando en la llamada Garantía Juvenil. Este programa europeo pretende que los Estados ofrezcan a los jóvenes la posibilidad de realizar prácticas o cursar formación adicional una vez que han transcurrido 4 meses desde que estos jóvenes acaban sus estudios reglados o ingresan en el desempleo.

Aun así, el PSOE ha recordado los recortes en materia de políticas activas de empleo realizados por el Gobierno ‘popular’. Así, su portavoz económico en el Congreso, Valeriano Gómez, ha lamentado que los 1.800 millones de apenas cubrirán el recorte en este sentido, que los socialistas cifran en 3.500 millones.

Más dinero para bonificaciones

Con todo, el Gobierno tienen pensado incrementar con fuerza la dotación en el capítulo de bonificaciones. A pesar de las críticas, el Ejecutivo gastará 217 millones más en aligerar los pagos que los empresarios realizan a la Seguridad Social.

En conjunto, el Gobierno destinará cerca de 4.075 millones a políticas activas en 2014, según figura en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En este apartado destacan una partida de 2.140 millones dedicada a “actuaciones de inserción e incentivación de la contratación”. Sobresalen en este punto los 1.222 millones que el Ejecutivo gastará en bonificaciones. En este capítulo dirigido a minorar los pagos de los empresarios a la Seguridad Social se incrementa el presupuesto en 217 millones respecto a 2013.

La formación es otra de las grandes partidas que, junto con las bonificaciones, componen las llamadas políticas activas de empleo. La semana pasada el Ejecutivo repartió entre las comunidades autónomas un total de 1.342 millones de euros. De este dinero, 951 millones se destinarán a formación y otros 361 millones irán al pago de bonificaciones, orientación y otras políticas de fomento del empleo.

Polémicos incentivos contra el fraude

El reparto del dinero para políticas activas se ha realizado por primera vez en función del cumplimiento de una serie de objetivos. Entre ellos figuran la persecución del fraude en el cobro de prestaciones por desempleo y el éxito a la hora de insertar en el mercado laboral a jóvenes, mayores de 55 años y parados de larga duración.

En esta ocasión los servicios públicos de empleo han recibido hasta un 8 por ciento del total del reparto según el grado de cumplimiento de los objetivos fijados por el Ministerio de Empleo. Sin embargo, el Gobierno aspira a que en el futuro, esta cantidad ascienda hasta el 40 por ciento del total.

El Ejecutivo también pretende favorecer que empresas privadas lleven a cabo un servicio de intermediación laboral. En este sentido, los planes del Gobierno se han topado con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien acaba de anunciar que investigará el sistema de incentivos ideados por el Ejecutivo para que las agencias privadas de colocación informen sobre el fraude en el cobro de prestaciones por desempleo. La investigación de los incentivos del Gobierno se inició tras la presentación de una demanda por parte de la Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (Andet).