El ministerio de Empleo ha decidido pisar fuerte el acelerador de las bonificaciones. Desde 2012, las empresas ahorraron 67 millones de euros en pagos a la Seguridad Social cuando contrataron a jóvenes mediante el nuevo contrato de formación y aprendizaje. El año próximo, la cifra crecerá hasta los 100 millones. Pero, lejos de beneficiar solo a los jóvenes, las bonificaciones continuarán sin centrarse en colectivos concretos, como demandan los expertos. Y brincarán el año próximo hasta los 1.222 millones, 217 millones más, según prevén los Presupuestos.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, continúa lo que la oposición califica de “errática” política en torno a las bonificaciones. Estas ayudas disminuyen la factura que los empresarios deben pagar a la Seguridad Social, un organismo cuyas arcas se encuentran en ‘números rojos’, y que se halla embarcado en una nueva reforma de las pensiones, a fin de ahorrar un importe de 33.000 millones hasta 2019.

Báñez anunció este miércoles al Congreso que las empresas han obtenido rebajas de cotizaciones, vía bonificaciones, en la firma de 135.000 contratos de formación y aprendizaje por jóvenes, lo que ha supuesto un total de 67 millones de euros desde 2012.

Sin embargo, la cuantía de las ayudas destinadas a fomentar el empleo joven palidece cuando se compara con la previsión de gasto total en bonificaciones para 2014, cuando, según prevén los Presupuestos Generales del Estado (PGE) el Gobierno aumentará el gasto por este concepto en 217 millones, hasta alcanzar una suma global de 1.222 millones.

El incremento del gasto en bonificaciones contrasta con el escenario de recortes impulsados por el Gobierno. Sin embargo, no todo ese dinero irá destinado a fomentar el empleo entre los jóvenes. En realidad, del total de las ayudas, en torno a un 8 por ciento se centrarán en promocionar el contrato de formación y aprendizaje, según declaró esta semana en el Congreso la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, quien precisó en 100 millones el gasto previsto para este fin.

Hidalgo tuvo que defenderse de las críticas de la oposición, que tildó de “errática” e “inútil” su política sobre bonificaciones. Estas ayudas solo cumplen su cometido si van dirigidas a colectivos muy concretos, le recordaron. En su respuesta, la secretaria de Empleo afirmó que sí están dirigidas y puso como ejemplo las ayudas a los jóvenes en el citado contrato, que ascenderán a 100 millones. Una minucia si se compara con el gasto total de 1.222 millones de euros, tal y como consignan los PGE.

Toma el dinero y corre

No solo los diputados de la oposición han criticado el uso sin sentido de las bonificaciones. También los expertos han atacado un recurso detrae ingresos a la Seguridad Social, que es el organismo pagador de las pensiones. Entre ellos destaca la palabra de Samuel Bentolila, un economista especializado en el área de laboral de la Fundación Fedea. En el blog de esta fundación, Bentolila critica la escasa efectividad de estas ayudas, según recoge una artículo dedicado a comentar la simplificación de formularios de contratos emprendida recientemente por el Ejecutivo.

En el blog, Bentolila ilustra sus críticas con un ejemplo relacionado con el nuevo contrato de apoyo a los emprendedores (CAE), alumbrado por la reforma laboral. En concreto, el economista asegura que, en relación a ese contrato, las empresas han sustituido el contrato ordinario por el CAE a fin de “recibir las suculentas bonificaciones”.

Fondos desviados de la formación de parados

Además, el Gobierno prevé en sus Presupuestos allegar recursos para pagar las bonificaciones mediante un mecanismo muy discutible. Así, las cuentas del Estado para 2014 recogen el Gobierno detraerá un 20 por ciento de los fondos para los cursos del desempleo, a fin de dedicarlo en parte a pagar estas subvenciones a los empresarios, según ha denunciado CCOO. Y ello a pesar del carácter finalista de esos fondos, que deberían centrarse en la formación de los desempleados, según rezan diversas sentencias y recomendaciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas.

A pesar de todo, el Gobierno reserva en 2014 cerca de 4.075 millones para políticas activas. Esta partida, que contiene los 1.222 millones dedicados a bonificaciones, dedica en total casi 2.140 millones a “actuaciones de inserción e incentivación de la contratación”. Un atajo que poco hará, según los expertos, por sentar unas bases más sanas del mercado de trabajo.