El PP se aplicó hoy en defender la supresión de unas ayudas al despido. Hasta el momento, y desde 2010, el Estado pagaba 8 de los veinte días por año trabajado en concepto de indemnización, que les corresponde a los trabajadores cuando son objeto de un despido objetivo. Es el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) dependiente del ministerio de Empleo el organismo que asume los pagos, cuando la plantilla es inferior a 25 empleados.

Los ‘populares’ quieren que a partir de ahora, sean las empresas las que paguen las indemnizaciones, siempre que estén en beneficios. La medidas supondrá un ahorro de 314 millones de euros, en cálculos sindicales.

Aun así, según el PP, el Estado seguirá abonando estas ayudas por medio del Fogasa siempre que la empresa atraviese una situación de insolvencia. Los ‘populares’ también afirman que la medida no afectará a los 180.000 trabajadores cuyos expedientes se agolpan en los estantes del organismo encargado de garantizar los salarios.

“Lo único que se pretende es que las empresa solventes paguen la indemnización completa a los trabajadores, y no como pasa ahora, que parte lo paga la empresa y parte el conjunto de los españoles a través del Fogasa”, justificó este miércoles el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Merino. “No tiene sentido que el conjunto de los españoles tenga que pagar parte de la indemnización de una empresa con beneficios”, sentenció.

El portavoz ‘popular’ niega además que los cambios vayan a afectar a los trabajadores ya inmersos en un despido colectivo a través de expediente de regulación de empleo (ERE). Las ayudas seguirán en caso de insolvencia empresarial, añade.

El PP pretende que la medida entre en vigor a partir de enero, a través de una enmienda en el Senado a la ley de Presupuestos. Actualmente, el Fogasa, organismo que asume los pagos salariales en caso de insolvencia empresarial se encarga también del pago de parte de las indemnizaciones por despido. Así, en un despido por causas económicas por ejemplo, el Fogasa aporta ocho de los veinte días de la indemnización total a que tiene derecho el trabajador, mientras que la empresa aporta los doce días restantes.

Los sindicatos dicen que no son subvenciones

En cambio, las centrales sindicales ven de modo muy distinto la supresión de las ayudas del Fogasa. Los pagos del Estado les servían, por ejemplo, para negociar algunas mejoras en las cuantías de las indemnizaciones, en caso de despido colectivo, explican. Pero si se se suprimen, como parece probable, las centrales perderán otra herramienta a la hora de negociar los ERE.

La actual forma de las ayudas al despido del Fogasa data de 2010. Hasta entonces solo se ayudaba a las empresas en apuros económicos, por insolvencia o en concurso de acreedores. Sin embargo, el Gobierno de Zapatero dejó aplicar esa limitación y amplió el pago de parte de las indemnizaciones a todas las empresas, con la única limitación del tamaño de la plantilla, inferior a 25 trabajadores. Lo cual incluye al 90 por ciento de las empresas españolas.

El ‘número dos’ de la UGT, Toni Ferrer, niega que el pago público de indemnizaciones por despido en empresas privadas equivalga a subvencionar despidos; por el contrario, ese argumento le parece “una pantalla” dice, advirtiendo que la supresión inflama la “conflictividad” en las empresas y llena de “inseguridad” a las personas que han sufrido un despido, ya sea individual o colectivo.

Con la limitación, el Estado se ahorrará unos 314 millones anuales, según calcula UGT. El sindicato basa su estimación en la memoria del año pasado del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). El organismo, según la denuncia sindical, acumula retrasos de doce meses en el pago de indemnizaciones a los trabajadores afectados.

Por extraño que parezca, los ‘populares’ han utilizado para impulsar los cambios una modificación de la ley de Presupuestos. Una enmienda que se votará en el Senado se limita a suprimir el artículo 33.8 del Estatuto de los Trabajadores. De esta forma, y en virtud de la mayoría parlamentaria del PP, el éxito de la enmienda parece asegurado.

Para el ‘número dos’ de UGT, la medida es “claramente oscurantista y sorpresiva”, y forma parte de la “segunda reforma laboral” cuya aprobación el ministro de Economía, Luis de Guindos “ha comprometido con el Eurogrupo”. Y aun así, añade, todavía falta para alcanzar el recorte de 2.500 millones de euros prometido por el español.

Por su parte, CCOO destaca que los pagos del Fogasa se vienen utilizando como medida “de apoyo” a las pequeñas empresas desde el año 1984, desde cuya fecha se han mantenido “vigentes” aunque con “pequeñas variaciones”, aseguran, tas censurar que el Partido Popular trate de justificar la supresión de los pagos con el argumento de desincentivar el despido.

“Lo único que va a conseguir es que las empresas de menos de 25 trabajadores les deban (a los empleados) no sólo los salarios, sino también las indemnizaciones por despido”, argumentan.