El Senado ha aprobado el texto definitivo de la reforma del sistema público de pensiones. Aunque falta el trámite del Congreso, la norma presenta ya su su forma final, pues el reglamento impide a los diputados introducir nuevas enmiendas. Así pues, las principales novedades -ya firmes- son la supresión del IPC como elemento de actualización anual de las pensiones, su sustitución por un nuevo índice de revalorización, y un factor sostenibilidad que liga a la esperanza de vida las nuevas prestaciones.

El Senado aprobó este viernes el texto final de la Ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. El texto presenta ya su forma definitiva, a la espera de que el Congreso apruebe la próxima semana la ley cuya entrada en vigor se prevé para el 1 de enero de 2014.

Con la nueva norma, las pensiones ya no crecerán en función del IPC. Será el nuevo índice de revalorización el que fije cuánto crecen anualmente estas prestaciones. El cálculo tendrá en cuenta tanto los ingresos como los gastos de la Seguridad Social por un espacio de once años (los cinco anteriores, el presente, y una previsión quinquenal). También influirá el número de pensionistas que exista en ese momento, así como el llamado efecto sustitución, es decir la variación interanual que experimente la pensión media (sin contar la revalorización).

Aun así, la ley fija un techo a las futuras subidas de las pensiones, y un suelo. En principio, ningún Gobierno podrá volver a congelar las pensiones. Las pensiones deberán subir al menos un 0,25 por ciento anual. Y una enmienda del Senado ha aumentado el techo de las subidas, que queda fijado en una cifra equivalente al IPC más un 0,50 por ciento, frente al 0,25 por ciento anterior.

De esta manera, por primera vez, una reforma de las pensiones afectará a los pensionistas actuales, y no solo a los futuros, como hasta ahora. Además, el Gobierno ha aprobado ya la subida para el próximo año, de un 0,25 por ciento, mientras que la inflación ascenderá al 1,5 por ciento, según las previsiones del propio Ejecutivo. Es decir, se se cumple la previsión, los pensionistas sufrirán ya el año que viene una pérdida en su poder adquisitivo.

Otra novedad introducida en el Senado es la participación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal a la hora de fijar este índice de revalorización. Este organismo independiente se encargará también de velar por el otro parámetro aprobado con esta reforma, el llamado factor de sostenibilidad.

Además, en virtud de otra enmienda, el Ejecutivo tendrá que informar cada cinco años sobre la adecuación y suficiencia de las pensiones.

En cuanto al factor de sostenibilidad se trata de un parámetro que recorta la cuantía de las nuevas prestaciones a partir de 2019 en función de la esperanza de vida. Se revisará cada cinco años y, según los expertos consultados por el Gobierno ante esta reforma, se prevé un recorte nominal del 5 por ciento cada diez años por el solo influjo de este factor.

Actualmente, el gasto en pensiones supone aproximadamente unos 120.000 millones de euros anuales. Con la entrada en vigor de la reforma, el Gobierno prevé ahorrar unos 33.000 millones de euros hasta 2019.