Dos días antes de conocer los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA), la ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció hoy que su equipo introducirá “ajustes” que fomenten la firma de contratos estables. Según la ministra otras reformas legales en estudio buscarán mejorar la empleabilidad de los trabajadores, un término tan vago que puede esconder desde cambios en el cobro de prestaciones por desempleo, hasta modificaciones en las llamadas políticas activas que refuercen, por ejemplo, el papel de las agencias privadas de colocación.

La inconsistencia del empleo creado durante la incipiente recuperación preocupa al Gobierno. El anuncio de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, de que el gabinete estudia cambios legales que fortalezcan la firma de contratos estables llega después de los informes de expertos y organismos internacional, como la OCDE, que recuerdan al Gobierno la falta de progresos en el ámbito de la estabilidad en el empleo.

Los últimos datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) reflejaron la destrucción de 150.000 empleos indefinidos que se produjo entre los meses de julio y septiembre. El próximo jueves se conocerán los datos de paro y ocupación recogidos por este Encuesta. Sin embargo, son muchas las voces que advierten al Gobierno sobre el peligro de que se consolide la tendencia de precarización del empleo.

Así, el último informe de la OCDE sobre el mercado laboral español advirtió al Gobierno de Rajoy que la segmentación entre fijos y temporales “sigue siendo generalizada”. En la misma línea los sindicatos afirman que el empleo que se está creando actualmente lo que está haciendo es sustituir con contratos temporales a trabajadores con contrato indefinido, es decir, aumentando el empleo de mala calidad en las empresas españolas.

Donde hay grandes diferencias es en la manera de abordar la brecha entre fijos y temporales. Mientras los sindicatos piden penalizar el uso injustificado de contratos temporales -un contrato causal a cuyo recurso el empleador debería justificar-, la OCDE y otros organismos recomiendan en cambio rebajar la protección de los trabajadores indefinidos, bajando por ejemplo la cuantía de sus indemnizaciones por despido.