Patronal y sindicatos perderán la capacidad de decidir qué temas se imparten en el subsistema de formación para el empleo. Un el borrador de la reforma que prepara el Gobierno, la Administración se reserva el papel decisivo a sobre las materias a impartir a parados y ocupados. Según los sindicatos, que rechazan la reforma, el nuevo sistema representa una vuelta al sistema “ineficaz” de los años 80, en el cual tanto los sindicatos como las patronales tienen un papel “meramente decorativo”.

La Administración será la encargada de decidir qué materias cursan los parados y ocupados del subsistema de formación para el empleo. La Administración se reserva el papel de “detección” de las necesidades formativas de parados y ocupados, según la lectura que hace CCOO del documento del Gobierno que lleva por título ‘Avanzando hacia un nuevo modelo de formación’. Según CCOO, el modelo del Gobierno “no soluciona los problemas de la formación” de los trabajadores en España.

El sindicato rechaza la propuesta de reforma del Gobierno. “Nadie hay más capaz de decir que necesitan las empresas y los trabajadores que ellos mismos”, afirman.

“Podemos dejar de hacer cursos pero no vamos nunca a renunciar a participar en el gobierno del sistema de formación”, añadieron en fuentes del sindicato.

En cuanto a la impartición, el Ejecutivo pretende dar entrada con su reforma a “centros de formación públicos y privados, y a más agentes sociales, según se ha filtrado en relación a la reforma de la formación.

Un total de 2.150 millones al año

CCOO se ha distanciado además de los fraudes que han tenido lugar últimamente en relación con estos cursos. Según el sindicato, las irregularidades se han detectado en programas “gestionados e inspeccionados por las comunidades autónomas”, y no en la Fundación Tripartita de la cual las centrales forman parte, junto al Gobierno y empresarios.

El actual sistema de formación descansa sobre un entramado que movió un presupuesto de 2.154 millones de euros en 2012, y que descansa sobre las espaldas del Servicio Público de Empleo (SEPE); la Formación Tripartita para la Formación, compuesta por Sepe, UGT, CCOO, el sindicato gallego CIG, y las patronales CEOE y Cepyme; y las comunidades autónomas. Buena parte de la financiación procede de las cuotas a la Seguridad Social que pagan las empresas (1.890 millones).

A pesar de lo abultado de las cifras, los sindicatos y las organizaciones patronales subrayan que ellos no gestionan los más de 2.150 millones que acumula la formación en España, sino unos 200 millones, repartidos de la siguiente manera. En 2013, los planes de formación de CEOE y Cepyme recibieron 51 millones; los de UGT, 24,7 millones; y los de CCOO, 23,6 millones. También reciben fondos las organizaciones de autónomos y sindicatos minoritarios (13,6 millones).

Otra variedad de cursos procede de la llamada formación a demanda, que absorbe 600 millones anuales, y que consiste en que las empresas organizan o participan en determinados cursos y luego pueden deducirse parte de la cuota que pagan a la Seguridad Social en concepto de formación (0,7%, incluyendo la aportación del trabajador).

Por su parte, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció este lunes que el próximo mes de abril se pondrá en marcha el portal único de empleo. Este portal pretende reunir en un solo sitio en Internet todas las ofertas de empleo disponibles en los servicios públicos de empleo de todas las comunidades autónomas.

Además, la ministra anunció que los jóvenes podrán apuntarse “en las próximas semanas” al sistema de garantía juvenil. Este sistema desarrolla en España el compromiso europeo de ofrecer a los jóvenes una oferta de trabajo o de formación en el plazo de cuatro meses después de acabar sus estudios o apuntarse al desempleo.