Toxo y Méndez abrieron hoy una nueva grieta a la pretensión de unidad exhibida por Rajoy. A pesar de la promesa del presidente de abrir una “nueva etapa” de diálogo social, las centrales anunciaron su intención de boicotear la reunión donde se darán a conocer importantes avances sobre la reforma en marcha del servicio de atención a los parados. Las centrales, que denuncian la “precipitación” de la reforma, creen que se les ha ninguneado, en contra de la promesa del jefe del Ejecutivo de enterrar el hacha de guerra después de dos años de conflictos motivados por la reforma laboral.

Los sindicatos UGT y CCOO no acudirán este miércoles a la reunión planificada por el Gobierno para abordar uno de los elementos clave de la reforma del servicio de intermediación de empleo. El plantón de los sindicatos supone un duro golpe a la “nueva etapa” en el diálogo social que Rajoy quiso abrir hace tres meses con una reunión en La Moncloa. El desaire de los sindicatos se une a otras discrepancias, como la reforma fiscal, en torno a los asuntos que configuraban aquella “ambiciosa” agenda de pactos que el Ejecutivo se proponía propiciar, a fin de superar los dos años de desencuentros motivados por la aprobación en 2012 de la reforma laboral.

Los sindicatos añadieron hoy una nueva arruga a la foto protagonizada por Rajoy y los agentes sociales el pasado 18 de marzo. Entonces el presidente y la ministra de empleo, Fátima Báñez, se afanaron por presentar la reunión como el pistoletazo de salida de una nueva etapa marcada por la concordia, tras dos años de conflictos abiertos por la aprobación en 2012 de la reforma laboral.

En esta ocasión es la reforma del sistema de atención a los parados lo que ha motivado el descontento. Los sindicatos se negaron hoy a asistir a la reunión convocada para mañana miércoles y en la cual el ministerio de Empleo dará a conocer a los actores implicados los cambios previstos en el catálogo común del sistema nacional de atención a los desempleados, una suerte de listado de servicios obligatorios que las comunidades autónomas deberán prestar en materia de atención, formación, cualificación profesional y orientación a los parados.

Exigencia de Bruselas

En este caso se trata de la reforma del sistema público de empleo. Una reforma exigida por Bruselas y cuya aprobación el Ejecutivo considera urgente. Quizás por eso las centrales criticaron la “precipitación” con que el departamento que dirige Fátima Báñez pretende aprobar el real decreto que desarrolla el citado catálogo común.

Pero aparte de la atención a los parados, cuyo diseño competencial dificulta aún más la reforma –las comunidades autónomas ostentan gran parte de las competencias, mientras que el Gobierno central apenas se encarga de los subsidios y prestaciones–, varios son los asuntos que han contribuido a difuminar aquella imagen de unidad tan querida por Rajoy.

Los sindicatos han protestado también por la reforma fiscal, otro de los asuntos en cuya reforma Rajoy se comprometió a dar entrada a los sindicatos. A pesar de la promesa, las centrales han comprobado cómo los planes del Ejecutivo pasan por gravar las indemnizaciones por despido y rebajar el tipo máximo que pagan las rentas más altas, al tiempo que las centrales recelan de la apuesta del Ejecutivo de que la reactivación económica compensará la disminución de los ingresos que lleva aparejada la bajada de impuestos.

Las centrales creen que el catálogo común y el resto de medidas que contiene el borrador del real decreto y otras medidas anticipadas sobre los cambios en el sistema de intermediación incentivarán la entrada del sector privado en un ámbito cuya actividad era hasta la fecha competencia exclusiva del sector público. Por ello piden que se acentúe la ayuda a los servicios públicos de empleo, a fin de lograr elevar la escasa tasa de intermediación, apenas un 2%, de contratos ofrecidos a la masa de desempleados apuntados en los registros del antiguo Inem, que suman unos 4,5 millones.

Formación y orientación a los parados

El catálogo común se incluye dentro de la Estrategia Española de Activación para el Empleo diseñada por el Gobierno para el período 2014-2016. Este plan pretende desarrollar los servicios comunes que deben prestar los servicios públicos de empleo en materias como orientación profesional, colocación, formación, cualificación para el empleo y asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.

Según los sindicatos, el Gobierno les informó sobre el borrador del proyecto de real decreto el pasado 18 de junio en una carta por la cual se les convocaba a su vez a la reunión extraordinaria del Consejo General de este miércoles 25 de junio.

Las centrales, sin entrar a fondo en el contenido de la norma, avanzan que supondrá una mayor externalización de servicios, así como un mayor peso del sector privado y de las agencias privadas de colocación. Precisamente en este sentido, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes el listado de 80 agencias privadas que se repartirán, en dos años, los 200 millones previstos por el Ejecutivo para premiar la colocación de desempleados, a razón de 300 euros por cada parado joven al que faciliten un empleo y hasta 3.000 euros en el caso de los parados de larga duración mayores de 45 años.