El sindicato CCOO ha elaborado una propuesta de Renta Mínima Garantizada de carácter estatal con el fin de responder y dar cobertura al crecimiento de las situaciones de pobreza y desprotección social que se están generando en el actual contexto social y económico. Se trata de una propuesta que supera el alcance de los modelos de rentas mínimas que existen a nivel autonómico.

El sindicato presentó su idea esta semana en una jornada celebrada en la sede del Consejo Económico y Social (CES). En la presentación, el responsable de políticas de protección social del sindicato, Carlos Bravo, destacó que unos 780.000 hogares carecen de ingresos de ningún tipo; una situación que afecta a 1,5 millones de personas, el doble que antes del inicio de la crisis.

El sistema de pensiones ha proporcionado un paraguas contra la pobreza a la población de más edad. En este momento, el mayor riesgo lo sufre la población en edades relativamente tempranas. Personas en la treintena y cuarentena que han contraído obligaciones. Y que ahora, después de la explosión de la burbuja inmobiliaria, se ven privados de trabajo y de ingresos, y con pocas posibilidades de inserción laboral.

Algunos estudios ponen cifras a la dificultad para encontrar empleo a partir de cierta edad. Así, los mayores de 45 años, a pesar de que representan el 42% de los parados, apenas encuentran un 6,6% del total de ofertas de empleo dirigidas a ellos, según los datos del informe Infoempleo Adecco publicado recientemente.

Además, las políticas de devaluación salarial no hacen sino incrementar el riesgo de pobreza entre la población. Muchos trabajadores se han visto obligados a aceptar empleos peor remunerados. Y algunas empresas han recortado las retribuciones. Así, las rentas del trabajo cayeron en conjunto un 1,5% el pasado año a consecuencia del impacto de estas políticas, señala Bravo.

Una señal del deterioro se refleja en el ámbito de las pensiones no contributivas, las más bajas. El año pasado, por primera vez, aumentó el número de perceptores de estas rentas, hasta rozar los 450.000.

Sin embargo, la pobreza en España tiene una distribución territorial muy dispar. Contrasta el 14% de población en riesgo de pobreza en Navarra, con el 38% en Andalucía, los dos extremos del mapa.

Financiación estatal

La propuesta de CCOO trata de complementar la insuficiencia del sistema de rentas mínimas en manos de las comunidades autónomas. El sindicato propone que esta renta se financie por el Estado central, y que sean las comunidades autónomas las que se encarguen de detectar las necesidades. Sería además un derecho subjetivo, es decir, reclamable ante los tribunales; compatible con la actividad laboral, al menos temporalmente (algo que ha generado un intenso debate en el sindicato).

La cuantía propuesta asciende a 5.122 euros anuales, es decir algo más de 425 euros al mes. Una cantidad “muy modesta”, según Bravo, que sin embargo significaría engrosar 4.000 millones anuales al presupuesto del Estado.

El sindicato presentó su propuesta al Gobierno el pasado mes de noviembre, pero este no lo incorporó en el Presupuesto. “Desde entonces, hay 100.000 hogares con necesidad”, critica.

El Ejecutivo se mostró en cambio más proclive a ampliar algunas de las figuras existentes, como el plan Prepara (los ‘400 euros’), que el Gobierno ha prorrogado indefinidamente mientras el paro se mantenga por encima del 15%.

Rentas mínimas, consolidadas en Europa

Francia, Suecia y Bélgica tienen un sistema de renta mínima muy consolidado. Estos países se han enfrentado a la crisis aumentando su dotación. Y ahora empiezan a reducirla, informó en el mismo acto Miguel Laparra, profesor de la Universidad de Navarra.

Laparra apuesta por ganar la batalla de la opinión pública a fin de deshacer algunos tópicos respecto a estas ayudas. Desvela por ejemplo que no es cierto el riesgo de cronificación. En los países donde se ha adoptado, hay mucha movilidad entre los perceptores, y son muy pocos los casos que se eternizan en el cobro de la ayuda.

El profesor cree también necesario que el Estado lidere el proceso de implantación de la renta mínima. “Porque las comunidades autónomas no van a ir mucho más allá”, advierte.

En estos países, las ayudas se complementan con mecanismos de activación social para la infancia, como actividades deportivas a fin de aliviar los efectos de la pobreza sobre los niños.

Sin olvidar el nuevo fenómeno de los trabajadores pobres, que no alcanzan un umbral de renta a pesar de tener un empleo. Un fenómeno que ha obligado a introducir subsidios para quienes están trabajando. Por ejemplo, Holanda ofrece protección a ciertos empleos. Estas ayudas consisten a veces en bonificaciones en los costes sociales que pagan las empresas. “Se prefiere potenciar el empleo aunque sea precario”, asegura.

Laparra no duda de la necesidad de instaurar una renta mínima. “No hay inclusión sin dinero. Y el mercado no está en condiciones de dárselo a todo el mundo”, concluye.