Un cambio legal ha elevado en dos años la edad de jubilación de las personas que son despedidas al final de su vida laboral. Hasta ahora, estos trabajadores podían aplicarse una cláusula de salvaguarda, aprobada en 2011. Desde hace unos días, sin embargo, la Seguridad Social les exige nuevos requisitos. La consecuencia, además del retraso de su retiro, es el cobro de pensiones más bajas.

El cambio afecta a los trabajadores despedidos antes del 1 de abril de 2013 y que tienen suscrito o van a suscribir por primera vez un convenio especial con la Seguridad Social. Con su denuncia, CCOO se suma así a la petición de UGT de que el Gobierno revierta el contenido de la circular enviada por la Dirección General de la Seguridad Social. El sindicato que dirige Fernández Toxo explica que en la reforma de las pensiones de 2011 se incluyó una denominada cláusula de salvaguarda. Con ella se pretendía garantizar que las personas despedidas mantuviesen sus derechos relativos a la pensión, incluso cuando sus despidos se produjeran después de la entrada en vigor de la ley.

Cuando son despedidos, muchos de estos trabajadores de más edad agotan la prestación por desempleo y terminan luego cobrando el subsidio de desempleo de mayores de 55 años. Este subsidio cotiza por la base mínima. Para evitar una merma en la pensión algunos establecen con la Seguridad Social un acuerdo para cotizar más y generar un mejor derecho; son los llamados convenios especiales.

El problema ha llegado tras un cambio de criterio del Partido Popular (PP). En 2013, el Gobierno empezó a exigir a estos trabajadores con convenios especiales que no volviesen a tener una nueva alta en la Seguridad Social si querían beneficiarse de la cláusula de salvaguarda. En un primer momento, la propia Seguridad Social interpretó nueva alta solo en los casos donde había relación laboral.

“Endurecimiento” de la ley

Aun más, a partir del pasado mes de junio, la Seguridad Social “endureció” su interpretación de la ley, sostienen desde CCOO. En primer lugar se excluyó a los trabajadores con un convenio especial que no percibían el subsidio de desempleo. Luego, apenas hace unos días, quedaron fuera los despedidos con convenios especiales, tuvieran o no derecho al subsidio de desempleo.

De resultas de este cambio la primera edad posible de jubilación de estos trabajadores se ha retrasado desde los 61 hasta los 63 años de edad, destacan. “Se trata de una interpretación administrativa que excede completamente la literalidad de la ley”, critican. “Y que se aparta además de la interpretación ha que venido aplicando este mismo Gobierno durante casi un año y medio”, concluyen.

Hace unos días, UGT demandó la retirada de esta interpretación en la Comisión Ejecutiva del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El sindicato envío además una al secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, donde reclama al Gobierno que le haga llegar información detallada respecto al número específico de trabajadores que pudieran verse afectados por la aplicación de este criterio, informó Europa Press.

Para UGT, esta situación supone “un acto ruin del Gobierno que va a producir serios prejuicios a los trabajadores afectados, como el retraso del acceso a la jubilación ordinaria con una reducción en las bases de cotización, la aplicación de coeficientes reductores más agresivos para la jubilación anticipada o la reducción de ingresos en las arcas de la Seguridad Social”.

Además, el sindicato considera que este criterio “tiene un dudoso encaje jurídico, es arbitrario, discriminatorio y vulnera la Constitución Española, en cuanto al principio de prohibición de la retroactividad de normas desfavorables contenido en el artículo 9.3 de la Carta Magna”.

Según los últimos datos, el número de pensionistas que perciben pensiones de jubilación ascendió en julio a 5,56 millones, un 1,88% más que en el mismo mes del año anterior; mientras la pensión media de retiro si situó en 1.000,54 euros; una cantidad que eleva el gasto total hasta los 5.563.242 millones de euros, casi un 4% más que hace un año.