La reforma de las cajas rurales y de las cooperativas de crédito, una exigencia más que una recomendación del Fondo Monetario Internacional, está causando muchos disgustos al ministro de Economía, Luis de Guindos. A las presiones del poderoso lobby europeo del sector, desveladas por diarioabierto.es, se unen las de las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el propio Partido Popular.

La Comunidad Valenciana, donde se ubican prácticamente la mitad de las cooperativas de crédito existentes en España, es la más beligerante contra la reforma de las rurales que está elaborando Economía, como muestra diarioabierto.es.

De Guindos, que quería llevar la propuesta de reforma de las cooperativas de crédito al Consejo de Ministros antes de que finalizara septiembre, ha tenido que retrasarla, ante la férrea oposición mostrada por presidentes de autonomías y ‘barones’ regionales del PP.

El pleno de Les Corts Valencianes, en un nuevo desafío a los planes reformadores del Ministerio de Economía, aprobó por unanimidad el 1 de octubre una propuesta en la que se insta al Consell a solicitar al Gobierno central que se mantenga la naturaleza y el régimen normativo de las cooperativas de crédito, y para que se evite «la generalizada y obligatoria bancarización» de este sector.

Lo más llamativo es que la propuesta fue una iniciativa del grupo parlamentario del PP, aunque se haya logrado una redacción de consenso con el PSPV (PSOE) y Compromís, a la que se ha sumado Esquerra Unida.

El Parlamento autonómico manifiesta así su apoyo al sistema de cooperativas de crédito, por considerar que prestan un servicio esencial en la dinamización económica y social. Destaca que han sobrevivido a la crisis gracias a una gestión «sana y prudente», por lo que exige que se preserven la esencialidad de este modelo.

Al mismo tiempo, Les Corts instan al Consell a favorecer la cooperación y las alianzas entre las cajas rurales y las cooperativas de crédito de la Comunidad, y a potenciar la colaboración del Instituto Valenciano de Finanzas con ellas, para consolidarlas como entidades financieras autóctonas «potentes” y también “necesarias» para la recuperación económica.

Santo y seña

El diputado autonómico del PP Rubén Ibáñez argumenta que las cooperativas de crédito son «santo y seña» del sistema financiero valenciano, y que su partido no tiene «ningún complejo» para reivindicar al Gobierno de España su continuidad, «por encima de cualquier interés partidista». Recuerda que la Comunidad Valenciana tiene 31 cooperativas de crédito, el 48 % del del total, por lo que es necesario «dejar claro y patente» un apoyo sin «medias tintas» a esta «banca de proximidad».

El socialista Francisco Toledo señala que el Consell debe implicarse para potenciar un sector que es «vital» para la recuperación económica, porque existe un «peligro» ante el intento del Gobierno central de convertir a las cajas rurales en bancos aprovechando la actualización del régimen jurídico de estas entidades.

El portavoz de Compromís, Enric Morera, reivindica que las cooperativas de crédito son «un modelo de éxito» que se debe defender, porque la Comunidad Valenciana no se puede permitir «el lujo» de perderlas también, como ha ocurrido con las cajas de ahorro (Bancaja terminó integrada en Bankia, luego nacionalizada; la CAM, en el grupo Banco Sabadell; y el Banco de Valencia, controlado por Bancaja, en CaixaBank.

Lluís Torró, de Esquerra Unida, critica que la única iniciativa que ha tomado el Consell hasta el momento ha sido «destruir el sector financiero valenciano», y reclama que el Instituto Valenciano de Finanzas cumpla su papel de ser un instrumento al servicio de la economía valenciana y del funcionamiento de las cajas rurales.