Un total de 1.401 empresas –la mayor parte de pequeño tamaño– entraron en concurso de acreedores entre julio y septiembre. Sin embargo, apenas 25 autónomos eligieron esta vía que regula los problemas de impagos en las empresas. Para los autónomos, el alto coste y la complejidad del sistema son los responsables del escaso interés de los autónomos por el sistema que sustituyó a la antigua suspensión de pago.

A pesar de las dificultades económicas por las que atraviesa el colectivo de los autónomos, entendidos como personas físicas que ejercen una actividad económica, son muy pocos los autónomos que pueden acogerse al sistema voluntario de concurso de acreedores, afirman desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA, que maneja los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El 41% de las empresas concursadas pertenecen a los sectores de la construcción y del comercio y de ellas el 63% sólo tienen hasta cinco trabajadores. Sin embargo, de las 1.401 empresas que han accedido a este sistema en el tercer trimestre, tan sólo 25 son autónomos, advierten de la asociación.

En el tercer trimestre de 2014, de las 1.401 empresas que han accedido a este sistema de defensa patrimonial ante las deudas, tan sólo 25 son personas físicas con actividad empresarial, o autónomos. Aunque otras 370 son sociedades limitadas con una facturación inferior a los 250.000 euros y por lo tanto la mayoría son también de titularidad de trabajadores autónomos.

“Queda demostrado que el escaso uso del sistema concursal por parte de las personas físicas sigue siendo la especial complejidad administrativa y sobre todo el alto coste del mismo”, explica el responsable de la organización, Sebastián Reyna.

Los autónomos defienden que la Ley de Emprendedores “no ha resuelto el problema”. Si bien establece un sistema de acuerdos extrajudiciales, critica Reyna, sin embargo mantiene las mismas tasas que las existentes actualmente para los administradores judiciales.

Cambios en la ley concursal

Por su parte, el Gobierno ha anunciado que cambiará la ley concursal aprovechando el proceso actual de tramitación parlamentaria y después de recibir críticas generalizadas por parte de los juristas. En unas jornadas celebradas recientemente, los profesionales del derecho reclamaron cambios en la redacción del real decreto ley cuyo contenido se tramitará finalmente como proyecto de ley.

En concreto, los juristas alertaron sobre un sesgo de la nueva normativa en beneficio de la banca y de los acreedores públicos, un peso que disminuye aún más las ya escasas posibilidades de cobrar que tienen los pequeños acreedores.

Otras críticas abundan en la poca utilidad que la figura del administrador concursal aporta a las pequeñas empresas, en la misma línea en que hoy señalan los autónomos. De hecho, los propios administradores explicaron que la nueva normativa se ha diseñado pensando más en las grandes empresas, y no en las pequeñas empresas, a pesar de que estas constituyen el 85% de las compañías que llegan al concurso.

La mayor parte, constructoras

El 21’65% de las empresas concursadas tienen como actividad económica principal la construcción y el 19’52% el comercio, según los datos manejados por la organización de autónomos. En cuanto al número de asalariados, el 51’4% del total de empresas concursadas tiene menos de 5 trabajadores y, entre estas, el 15% no tiene asalariados.

Por comunidades autónomas, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia y Andalucía concentran el 70’3% del total de deudores concursados. La comunidad que más ha disminuido su número de deudores en tasa anual ha sido Canarias (-63’2%) y Aragón es la única que ha presentado una tasa de variación anual positiva (1’4%).