UGT y CCOO han apoyado hoy su denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por los casos abiertos ante la participación de sindicalistas en huelgas. Los sindicatos instan a la organización dependiente de la ONU a actuar de manera urgente contra el Gobierno de España por lo que entienden como prácticas restrictivas del derecho a la huelga y de libertad sindical. La asociación progresista ‘Jueces para la Democracia’ apoya la denuncia. Las centrales denuncian además la lentitud de la justicia, con casos abiertos que acumulan hasta cuatro años de retraso.

La denuncia se refiere a la situación de sus 260 afiliados con causas pendientes por incidentes derivados de la realización de huelgas. Uno de ellos es el de la secretaria general de CCOO en Baleares, Katiana Vicens, a quien el fiscal reclama cuatro años y medio de cárcel por su participación en la huelga general del 29 de marzo de 2012, cuando, según el relato del fiscal, Vicens subió a un autobús, fracturó una de sus lunas e increpó al conducto, unos hechos por los cuales le reclaman también a la sindicalista el pago de 13.000 euros de multa, junto a otros 2.000 por la luna rota.

Los sindicatos apoyan con nueva documentación su denuncia original ante la OIT, que formalizaron el pasado mes de julio. En esta ocasión añaden datos sobre la situación que encaran sus afiliados, con diversas acusaciones penales. Las centrales acusan al Gobierno de violar los derechos de libertad sindical, de negociación colectiva y de huelga.

CCOO y UGT ponen el foco sobre la aplicación del artículo 315.3 del código penal español, que sanciona el delito de coacciones, y el delito de atentado, desobediencia y desórdenes públicos, que suelen utilizarse en estos casos.

El informe detalla una relación de casos de sindicalistas perseguidos por actos relacionados con huelgas, también se ofrecen datos sobre el conflicto sindical, la convocatoria de huelga de la que derivan los hechos, el procedimiento y el juzgado competente, los delitos imputados, las penas solicitadas o impuestas a los acusados y el estado procesal de la causa en el momento actual.

‘Jueces para la Democracia’ apoya la queja

Por su parte, la asociación Jueces para la Democracia se opone a este tipo de prácticas y a la propia vigencia del artículo 315.3 del código penal español, por entender que vulnera el derecho de huelga y de libertad sindical. Los sindicatos han añadido el informe de los jueces en su queja ante la OIT.

Finalmente, los sindicatos lamentan la enorme dilación con la que actúa la Justicia española. Existen casos que se originaron hace ya más de 4 años y que aún están pendientes de resolver, denuncia. El retraso de la Justicia resta efectividad al ejercicio de la libertad sindical y del derecho de huelga, argumentan. Y es que la amenaza de penas privativas de libertad introduce una amenaza que merma la capacidad de los sindicatos, exponen.

En una intervención reciente, la expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas, recomendó a los sindicatos insistir en sus quejas contra el Gobierno ante organismos internacionales como la OIT. En unas jornadas organizadas por UGT, la magistrada lanzó además críticas contra recientes sentencias del TC favorables a la reforma laboral, y expresó su temor por el proceso de pérdida de derechos de los trabajadores que se está produciendo, en su opinión, en todo el mundo.