El 4 de diciembre el Consejo de la Unión Europea (UE) aprobó la Directiva sobre ‘travel packaging’ (paquetes turísticos), que refuerza los derechos de los consumidores. Y el Parlamento Europeo aprobó un informe sobre productos vacacionales y tiempo compartido que ponía de relieve los problemas registrales y de calificación de España. “Ya han llegado a las instituciones europeas reclamaciones de ciudadanos holandeses, luxemburgueses, alemanes y británicos por problemas en España; les vamos a defender al amparo de la legislación de la UE”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director del bufete Navas&Cusí.

El martes 16 de diciembre el bufete inaugura oficialmente su oficina en Bruselas, aunque ya lleva trabajando tres meses en la ‘capital’ de la UE. Navas&Cusí es el primer despacho mediano en instalarse en Bruselas.

“Los grandes están enfocados en los grandes clientes; además hay alguno pequeño, pero no había ningún mediano que pudiera dar cobertura a reclamaciones individuales o de pequeñas y medianas empresas”, señala Navas. “Nos están llegando ya reclamaciones de ciudadanos y empresas comunitarias pero también muchos pequeños y medianos despachos españoles que nos quieren como enlace en Bruselas para sus asuntos de derecho de la Unión”, añade.

Derecho a la competencia

Una de las ramas de actividad del despacho en Bruselas será la defensa de los ciudadanos europeos frente a las malas prácticas turísticas. Otra, la aplicación privada del derecho de la competencia al amparo de la Directiva del 10 de noviembre. “Muchas empresas sufren boicots de monopolios u oligopolios de facto; ahora existe además un instrumento de defensa y la posibilidad de llegar a Luxemburgo por la vía prejudicial; y los jueces españoles están por la labor”, explica la catedrática Blanca Vilá, miembro del Consejo Académico de Navas&Cusí.

No obstante, el bufete español mantendrá su actual orientación financiera. Tras presentar una petición ante el Parlamento Europeo ante la pasividad de la Comisión en el procedimiento de infracción contra España, como publicó diarioabierto.es el 11 de diciembre, el despacho insiste en que “la legislación española sigue contradiciendo la normativa comunitaria en materia de defensa del derecho del consumidor de producto financiero o hipotecario”.

“Hay problemas también en Hungría y Eslovaquia. Estamos asociándonos a otros despachos europeos para defender mejor los intereses de los ciudadanos europeos frente a los abusos y las malas prácticas de las entidades financieras”, señala Blanca Vilá.