El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la reforma laboral emprendida en 2012 por el Gobierno de Rajoy al rechazar los recursos emprendidos por los grupos parlamentario socialista y de IU. A la espera de conocer la sentencia, que se publicará previsiblemente la próxima semana, los sindicatos han lamentado la noticia y han anunciado que emprenderán acciones legales “en el ámbito internacional” para tratar de echar atrás la reforma.

El TC ha dado su aval a la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2012, rechazando así que se haya vulnerado el papel reservado a empresarios y sindicatos en la negociación colectiva y el derecho a la libertad sindical.

La sentencia del TC, que se conocerá previsiblemente la próxima semana, desestima los recursos interpuestos por los grupos parlamentarios PSOE e Izquierda Unida, por nueve votos a favor y tres en contra.

Tal y como señalan los sindicato, se desconoce por el momento la posibilidad de que existan votos particulares por parte de los magistrados que componen el Tribunal presidido por Francisco Pérez de los Cobos, cuya figura algunas voces señalan como uno de los ideólogos de la reforma laboral.

Incógnitas sobre algunos aspectos

Tras conocer la noticia, UGT y CCOO anunciaron que presentará iniciativas legales de carácter “internacional” en contra de la normativa.

También señalaron que con la información disponible, se mantienen incógnitas sobre algunos aspectos como la definición de las causas económicas a las que pueden acogerse los empresarios para iniciar algunos procesos, como un despido colectivo o un descuelgue. Nada se sabe tampoco sobre lo relativo a la regulación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) en la Administración.

En su recurso, PSOE y IU consideraban que la normativa vulneraba el derecho al trabajo, el derecho a la tutela constitucional y el derecho a la tutela judicial efectiva.

Nuevo respaldo

En julio, el Alto Tribunal rechazó el recurso presentado por el Parlamento de Navarra y dio así luz verde a la duración de un año del período de prueba que prevé el contrato indefinido de apoyo a emprendedores, que introdujo la reforma.

El TC consideraba también legal la flexibilización del descuelgue o inaplicción de convenio colectivo a que dio lugar la reforma laboral, una medida a la que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, atribuye la salvación de 250.000 empleos. En su recurso, el Parlamento de Navarra se mostraba disconforme con que el órgano final que decide sobre estos descuelgues en caso de desacuerdo, la Comisión Consultiva Nacional de convenios colectivos.

El Constitucional también respaldó otros aspectos como la prevalencia de los convenios de empresa sobre los de sector.

Previamente, el TC echó atrás en noviembre de 2013 la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el juzgado de lo Social número 30 de Madrid, que entendía que algunos aspectos de la reforma vulneraban el derecho a la tutela judicial en caso de despido injustificado.