Los sindicatos han arremetido contra la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avala de forma definitiva la reforma laboral aprobada por el Partido Popular en 2012. Tras conocer la sentencia, las centrales censuran al Alto Tribunal por respaldar el despido empresarial basado en una rebaja de la facturación o el período de prueba de un año previsto en el contrato de emprendedores, así como los despidos en el sector público por falta de presupuesto, sin posibilidad de recurrir a la alternativa de reducir la jornada, como en el sector privado.

El enfado de los sindicatos se dirige contra la sentencia del TC que se publicó ayer martes, y cuyo contenido se había filtrado la semana pasada. En esta sentencia, el Alto Tribunal rechaza el recurso de inconstitucionalidad presentado por los grupos parlamentarios socialista y de la Izquierda Plural contra la ley de reforma laboral. Previamente el Alto Tribunal había rechazado otro recurso planteado por el Parlamento de Navarra en contra de la misma ley.

Despido libre el primer año

En primer lugar, los sindicatos, que acusan al Tribunal de romper el consenso sobre relaciones laborales fraguado con la Constitución, rechazan el aval del TC al período de prueba de un año planteado en el contrato de emprendedores que acompañó la reforma laboral. Para las centrales, esta decisión supone dar respaldo al “despido libre” durante ese período de prueba, lo cual equivale a dar cobertura legal a la finalización de la relación laboral por la “mera voluntad” del empresario, libre e injustificada, y “sin ningún tipo de compensación económica”.

Una caída en la facturación justifica las salidas

Los sindicatos cargan también contra la posibilidad de despedir a la plantilla por una simple caída de los ingresos, tras el aval otorgado por el Constitucional. Recuerdan las centrales otro pronunciamiento, esta vez del Tribunal Supremo, “mucho más garantista”, y que obliga al empresario a probar ante el juez la veracidad de la caída de ingresos en que se basan los despidos. “El Tribunal Supremo ha corregido en la práctica este despropósito del legislador”, afirman.

Lamentan la convalidación de los despidos en el sector público motivados en una reducción del presupuesto sin que se ofrezca a los trabajadores la posibilidad de suspender sus contratos, una vía que sí existe en el ámbito privado. Una decisión que, a su juicio, “pone en evidencia que el objeto de la reforma no es tanto el mero ajuste presupuestario, sino la reducción de los servicios públicos”.

Otras críticas

CCOO y UGT critican además el respaldo a la prioridad del convenio de empresa sobre el de sector, y la obligación de someter los desacuerdos al arbitraje de la Comisión Nacional de Convenios Colectivos, lo que tildan de “injerencia” por parte del Gobierno.

Finalmente reiteran su voluntad de luchar contra los efectos de la reforma laboral tanto en los centros de trabajo, como en las instancias internacionales, así como en los juzgados y tribunales de lo social, al tiempo que recuerdan que la ley de reforma laboral es susceptible de ser revocada por una nueva mayoría parlamentaria.