El Consejo Económico y Social (CES), un organismo vinculante, ha emitido un dictamen “positivo” sobre la reforma de la Inspección de Trabajo proyectada por el Gobierno de Mariano Rajoy. El CES, con representación de sindicatos, empresarios y otras organizaciones, considera que el anteproyecto de ley está bien enfocado, si bien echa en falta mayor concreción en algunos aspectos, al tiempo que cuestiona su urgente tramitación. También critica el oscurantismo en determinados puntos de la normativa, como la organización y criterios de la labor inspectora. E insta al Gobierno a “reconsiderar” algunas materias, como el valor probatorio que se atribuye a la palabra de los inspectores, cuya utilización pide acotar.

El dictamen del CES considera “positivo” el contenido del anteproyecto de ley del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si bien lamenta el procedimiento de urgencia elegido por el Ejecutivo, que ha dejado al organismo consultivo apenas diez días para estudiar su contenido, un plazo tan breve que ha supuesto una “limitación” para los trabajos de análisis del organismo que preside Marcos Peña.

El CES considera que la futura ley puede contribuir cuando finalice su trámite parlamentario, a alcanzar los fines de modernización, coordinación y eficacia del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre cuya necesidad de modernización coinciden todos los actores representados en el ente.

Por este motivo el CES aprobó ester miércoles por una amplia mayoría de 42 votos a favor y 4 en contra, el dictamen.

El anteproyecto trae como principal novedad la conversión de la Inspección de Trabajo en un organismo autónomo con la idea de establecer una “estructura compleja” que acoja a las distintas Administraciones que tienen competencias en la materia, singularmente, las comunidades autónomas, el ministerio de Empleo, con la participación además de los agentes sociales: sindicatos y patronal.

El CES aplaude además la especialización del cuerpo de subinspectores prevista por la normativa, así como la definición más precisa del territorio legal que deberá proteger el futuro organismo autónomo.

Críticas a la falta de publicidad

No todo son parabienes, sin embargo. El ente advierte que hay diversos aspectos que “deben ser mejorados, aclarados o incluso reconsiderados”. Entre ellos critica que solo se mencione la “posibilidad” de crear una futura Oficina Nacional Antrifraude, cuando su nacimiento debería ser recogido de forma obligatoria y con mayor precisión. “Hubiese sido necesario acompañar el anteproyecto con los estatutos del nuevo organismo”, se lamenta el CES.

El dictamen pide también restringir el valor probatorio de la palabra de los Inspectores de Trabajo, y en concreto, precisar la tipología de los informes que se benefician de esa presunción de certeza.

Otro tirón de orejas del ente consultivo se relaciona con la falta de publicidad de la iniciativa. En particular, el CES pide al Gobierno que haga públicos, tanto las instrucciones de organización de los servicios de inspección, como los criterios técnicos vinculantes para la actuación inspectora.

En relación con el papel de los sindicatos, el dictamen recuerda que la representación laboral de los trabajadores es “un instrumentos relevante en las actuaciones de inspección”. Y pide que se varíe la ubicación del texto legal que lo regula, ahora situado –impropiamente, según el CES – en el artículo 9 del anteproyecto.

Otro defecto del anteproyecto, según el dictamen, es la limitación presupuestaria, que puede comprometer las acciones de la Inspección. En particular, el organismo censura que la futura ley establece que las medidas incluidas en la norma no podrán suponer un incremento del gasto público, tal y como se señala en su disposición adicional décima.

Contra el abuso de la temporalidad

El Gobierno defiende que la reforma servirá para perseguir el abuso del contrato temporal, el trabajo infantil y los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales, según afirmó después de que el Consejo de Ministros estudiara el anteproyecto de ley el pasado 13 de marzo.

En esta ocasión, el Ejecutivo resaltó que la posible creación de una Oficina Nacional Antifraude para luchar contra el trabajo no declarado, estaría vinculada con un organismo parejo de rango europeo.

Otros objetivos de la nueva Inspección de Trabajo será controlar a las empresas en su uso del contrato a tiempo parcial. En este sentido, el Ejecutivo subrayó los resultados obtenidos el pasado año, cuando las inspecciones por este motivo aumentaron un 127%, hasta las 14.4000.