Como el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que parece querer restar importancia a la investigación abierta por la Comisión Europa sobre los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) al considerarlo “una cuestión de competencia” en el Encuentro Financiero Deloitte, Sociedad de Tasación y ABC, en el mismo foro los responsables de los bancos coinciden en aparentar tranquilidad ante este caso.

El mensaje consiste en negar estar “preocupados” por la investigación de Bruselas, porque los DTA están recogidos en las normas europeas de Basilea III. Y porque la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy, que permitió convertir 30.000 millones de euros de DTA en créditos fiscales que, al contar con el aval del Estado, pueden seguir computando como capital de máxima calidad, cumple con los requisitos para que esta garantía pública no pueda ser tachada de ayuda de Estado.

José Antonio Álvarez, consejero delegado del Santander, destaca que la investigación se encuentra en una fase “muy embrionario”, y que en el grupo no existe preocupación sobre este asunto.

“No estoy preocupado porque estos activos fiscales diferidos están aceptados por la legislación comunitaria, por las normas de capital de Basilea. No me genera preocupación», aporta el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.

José Sevilla, consejero delegado de Bankia, insiste en su “tranquilidad”, porque “la reforma del Gobierno cumple con todos los requisitos para no ser ayudas de Estado, así que no nos genera más preocupación”. Sevilla descarta que esta investigación de la Comisión Europea pueda ser utilizada para exigir más capital a las entidades o para limitar el dividendo de éstas, y argumenta que el Banco Central Europeo ya ha fijado los objetivos de capital para este año, mientras que los del próximo ejercicio se establecerán próximamente.

“No creo que sea una excusa para nada. Es un debate de si son ayudas de Estado o no”, señala el consejero delegado de Bankia, quien aporta que la investigación iniciada por Bruselas “probablemente” tenga un componente “más político que económico”. “Hay países que están más afectados por los créditos fiscales. Esto se debe a que hay una normativa de capital unificada para todos los bancos pero no existe una normativa fiscal unificada. Los criterios fiscales que se utilizan en otros países, como Alemania, a la hora de reconocer los créditos fiscales, son diferentes a los de España o los de Italia”, argumenta.

El consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, habla de “sorpresa” por la investigación, ya que cuando se aprobó la norma no se esperaba que se pudiera hacer una revisión de este tipo. “Se hacen las normas pensando en que cumplen con todos los requerimientos”, señala, al tiempo que ha descartado que este procedimiento genere dudas sobre la solvencia del sector financiero español.