El PP rechazó hoy cualquier cambio en la normativa relativa a la subcontratación. Además, la portavoz ‘popular’ en el Congreso, Carmen Alvárez-Arenas, negó que los autónomos sean quienes sufren las condiciones de precariedad al final de la cadena de subcontratación, tal y como vienen denunciando los sindicatos. Según Álvarez-Arenas, en ese lugar se encuentran «empresas» y «no personas», en contra de la posición del Grupo Socialista, cuya proposición de ley resultó este martes rechazada en el Congreso con los únicos votos del Partido Popular

El voto del PP, con mayoría en la Cámara, ha bastado para paralizar la proposición de ley que pedía cambios en la legislación relativa a la subcontratación. Este asunto ha saltado a la actualidad después de que los trabajadores para Telefónica convocaran una huelga en protesta por la precariedad que sufren los trabajadores de las empresas subcontratadas por el gigante español de las telecomunicaciones. En contra de la opinión ‘popular’, los sindicatos sostienen que los autónomos se encuentran en muchos casos en el último lugar de estas cadenas de subcontratación.

Para el Partido Popular, en cambio, la cuestión de la subcontratación no afecta a las personas, sino a empresas. De hecho, la portavoz ‘popular’ ha acusado a los socialistas de “confundir” la subcontratación, un fenómeno por el cual se «contrata servicios”, con la actividad de las empresas de trabajo temporal (ETT), “que contratan personas”, ha defendido.

También ha sostenido que la propuesta socialista implica “suprimir la actividad empresarial». Eso sí, la portavoz ‘popular’ ha admitido que “a lo mejor» lo que hay que hacer es «controlar” por que se cumpla la ley en lo relativo a la subcontración

Proposición “intervencionista”

En su proposición de ley, los socialistas pretendían que los trabajadores subcontratados recibieran el mismo salario que los de la matriz que externaliza los servicios, así como el resto de derechos laborales. Esta pretensión ha sido tachada de “intervencionista” por diferentes grupos de la Cámara.

El PP ha votado en contra de la toma en consideración, a pesar de que el texto socialista se hubiera podido modificar más adelante.

La diputada del BNG, Olaia Fernández Dávila, ha recordado que la subcontratación no solo afecta a los trabajadores de las subcontratas de Telefónica, sino a las plantillas de las eléctricas y de los sectores como la automoción o el naval.

Por su parte, la portavoz del Grupo Vasco, Isabel Sánchez Robles, ha reclamado una actuación más decidida de la Inspección de Trabajo y ha recordado que el 30% de los accidentes laborales se producen en empresas subcontratadas.

UPyD ha votado a favor del texto si bien no ha ahorrado críticas a una proposición de ley tildada de “intervencionista” por su portavoz, Álvaro Anchuelo, quien ha defendido evitar que, por imperativo legal, se equiparen las condiciones laborales de diferentes empresas.

Carteles por Telefónica

En el pleno, los diputados de la Izquierda Plural han exhibido carteles que pedían “solidaridad con los trabajadores de las subcontratas de Telefónica”, y cuya retirada ha exigido el presidente del Congreso, Jesús Posada.

En su turno, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, ha admitido “abusos” en el campo de la subcontratación, si bien ha recordado algunos ejemplos positivos en el sector del automóvil en Cataluña. También ha pedido dar voz, si se cambia la regulación, a los agentes sociales y a la negociación colectiva que protagonizan empresarios y sindicatos.

Por último, Joan Tardá, diputado de ERC, ha recordado que el Grupo Socialista “impuso” una regulación en 2006 de la subcontratación en la construcción “en tres escalones” en la cadena de subcontratació, cuando “dos hubieran sido suficientes”, ha afirmado.

También Joan Coscubiela, diputado de la Izquierda Plural, ha tenido críticas contra la subcontratación que predomina, es decir, “la más negativa”, y ha relacionado su auge con legislación favorable a la “precariedad” propiciada en su opinión por el Gobierno ‘popular’.