La empresarial CEOE ha lanzado duras críticas contra la política de ayudas a la contratación por parte del Gobierno, las conocidas como bonificaciones, una panoplia de subvenciones que la patronal tilda de “maregmágnum” y cuyo funcionamiento, “más que ayudar” – dice – “desorienta la contratación” de trabajadores por parte de las empresas.

Además, en un documento titulado ‘Singularidades socioeconómicas del mercado laboral español’ publicado en julio, la empresarial hace autocrítica en relación a la política de recursos humanos de las empresas españolas. Según la comisión de relaciones laborales que dirige Jordi García Viña –autora del documento– las empresas españolas no han asumido la importancia estratégica de la gestión del personal; por el contrario, su “gestión dual” de los recursos humanos tiene como consecuencia un incremento de los despidos en caso de crisis, concluye.

El documento de CEOE presenta algunas de las tradicionales reivindicaciones de la patronal en materia de empleo. Sin embargo, entre sus novedades, el informe plantea abiertamente críticas a la política de incentivos que mantiene el Gobierno en materia de contratación; “un maremágnum de bonificaciones que desorienta más que facilita la contratación”, afirma el documento.

Suspenso en recursos humanos

En materia de contratos, los empresarios critican la excesiva complejidad del modelo de contratación español y abogan por su simplificación. “Lo importante no es la existencia de multitud de modalidades o fórmulas de contratación sino que sean flexibles, universales en su aplicación, permanentes en el tiempo y favorezcan la estabilidad en el empleo”, argumenta.

“De hecho la propia complejidad en la contratación y la multiplicidad de bonificaciones está limitando el potencial de su uso”, concluye.

Tras repasar las causas por las que el empleo es “más vulnerable al ciclo económico” en España, el análisis incide en la importancia de una política empresarial de recursos humanos eficaz. “Los recursos humanos se muestran hoy como un factor determinante de la posición competitiva que alcanza la empresa”, afirma.

Sin embargo, en España, la política de recursos humanos “no se encuentra integrada en la estrategia de la empresa”; una deficiencia que se produce “con frecuencia” en nuestro país, añade.

“La estructura organizativa puede ser imitable, pero lo que hace realmente que una organización sea diferente son las personas que en ella trabajan”, lamenta.

Aun más, CEOE destaca que esa ineficaz “gestión dual” del capital humano es una de las principales causas del “especial impacto que la crisis ha tenido sobre el empleo en nuestro país” en forma de despidos.

Ayuda a los parados

En otro apartado, la patronal denuncia las “trabas” administrativas en la puesta en marcha del modelo de colaboración público-privada en el campo de la intermediación laboral. En su opinión, desde el el ámbito público se percibe a las agencias privadas de colocación como “competidores” en la intermediación.

Además, se exige a las agencias, para percibir una cuantía por inserción, que inserten a los desempleados mediante contratos de al menos seis meses a tiempo completo, en un período de ocho meses. Una exigencia que no existe en otros países, sostiene, “pues el objetivo final es la reducción del gasto público en prestaciones o subsidios por desempleo”, argumenta.

Por otro lado, continuando con la ayuda a los desempleados, CEOE critica el excesivo protagonismo de las entidades subvencionadas, en detrimento de las grandes empresas especializadas del sector. En su opinión, estas entidades colaboradoras subvencionadas ni siquiera deberían encuadrarse dentro de los servicios privados de orientación y asesoramiento laboral. Su protagonismo, concluye, “impide una gestión eficaz” y la adquisición de una visión de conjunto del problema.

Judicialización creciente

Finalmente, la patronal repasa algunos efectos de la última reforma laboral, aprobada en 2012 por el Gobierno actual. “Tras la reforma laboral ha crecido la judicialización de las relaciones laborales”, sentencian.

En concreto, desde marzo de 2013 – cuando aparece la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre un despido colectivo tras la reforma laboral – hasta finales de 2014, el Supremo ha dictado 79 fallos en recursos de casación por despidos colectivos. De ellos, 31 se consideraron procedentes, 9 improcedentes y 39 nulos. Es decir el porcentaje de nulidades supera el 49%, concluye.

El Tribunal Supremo ha desautorizado uno de cada dos despidos recurridos, lamenta CEOE. Y eso sin contar con las nulidades que se declaran en otras instancias judiciales, puntualiza.