La empresa pública Tragsa ha materializado ya cerca de la mitad de los 1.336 despidos previstos en aplicación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se empezó a aplicar con la entrada del nuevo año, según informa el sindicato CSIF.

Los trabajadores de la empresa Tragsatec (empresa dependiente de este grupo) realizaron este martes una nueva jornada de huelga en protesta por esta medida, que tendrán su continuación los próximos días 26 de enero y 3 de febrero.

El pasado 26 de noviembre, el Tribunal Supremo declaró ajustado a derecho el procedimiento de despido colectivo presentado por la empresa, en contra de lo sentenciado por la Audiencia Nacional, que encontró tres causas de nulidad en este expediente.

Según CCOO, la sentencia del Supremo ha provocado que la empresa retirara el Plan de Viabilidad para los años 2015-2019 y “puede suponer” el despido de 1.336 trabajadores del Grupo,

Por su parte, CSIF ha recordado que el Tribunal Supremo deliberará próximamente sobre la procedencia de la ultraactividad del convenio colectivo de Tragsa, después de que la Audiencia Nacional «diera la razón» a los trabajadores, frente a las pretensiones de la empresa de revisarlo a la baja.

CSIF acusa a Tragsa de “utilizar” la revisión del convenio como “medida de presión” para que los trabajadores aceptaran un nuevo convenio a cambio de reducir el número de despidos.

Petición de gracia al Gobierno

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado al Gobierno en funciones una medida de gracia para frenar estos despidos. Esta solicitud se enviará también a los diferentes grupos parlamentarios cuando se constituyan las Cortes.

El grueso de los despidos (fundamentalmente trabajadores de entre 40 y 50 años, con una media de 20 años de servicio en la empresa) se materializará, previsiblemente antes de finalizar enero. Los trabajadores despedidos se están enterando de que están fuera de la empresa por los ingresos del finiquito recibido en el banco, sin que se les haya notificado nada de manera escrita o verbal, afirman desde el sindicato, que critica esta la “falta de consideración en las formas”.

Previsión de beneficios

CSIF reclama esta medida ‘de gracia’ al Gobierno (responsable último de la empresa, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales-SEPI), teniendo en cuenta que la actual situación económica de la empresa refleja una previsión de beneficios de 2 millones de euros en el ejercicio 2015 y un incremento de la producción del 63 por ciento, respecto al año pasado (660 millones de euros).

“Las circunstancias económicas que lo motivaron han cambiado de manera sustancial respecto a 2013, cuando se registraban pérdidas”, consideran desde la central.

“Tragsa no tiene un problema con el número de trabajadores en platilla, sino con su coste. Por ello, aprovechándose de la actual reforma laboral, pretenden cambiar puestos de trabajo fijos por otros eventuales y precarios. Por eso se pueden producir nuevas contrataciones de trabajadores recientemente despedidos”, advierten.

CSIF concluye apelando al sentido común y a la voluntad política del Gobierno en funciones para evitar esta situación.