Comisiones Obreras (CCOO) ha exigido a la empresa pública Tragsa y a su filial Tragsatec la paralización de los 1.336 despidos planteados en el expediente de regulación de empleo (ERE), el mayor de los presentados por una empresa pública. Según el sindicato, Tragsa y Tragsatec han comenzado a despedir a más de un millar de trabajadores “para sustituirlos por otros temporales en condiciones precarias”.
“Mientras despiden trabajadores necesarios que realizan tareas imprescindibles han empleado a más de 1.200 personas con contratos temporales”, han denunciado este miércoles diferentes representantes de CCOO que han reclamado la negociación de un Plan de Viabilidad.
Los secretarios generales de las federaciones de servicios y de construcción y servicios de CCOO, José María Martínez y Vicente Sánchez, respectivamente, y el secretario confederal de acción sindical, Ramón Górriz, han rechazado los despidos en Tragsa y Tragsatec planteados en un ERE que han tildado de “innecesario, contraproducente” y con un “alto coste económico y social”.
Aplicación “irresponsable” de la reforma laboral
Los dirigentes de CCOO han coincidido en responsabilizar a la dirección de la empresa, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI )y a los ministerios de Hacienda y Agricultura de la aplicación “irresponsable de la reforma laboral” en una empresa que en 2015 ha obtenido beneficios, según han dicho.
“Con los despidos solo pretenden sustituir empleo estable, cualificado y de calidad por temporal y precario”, denunció Moisés Fernández, representante de la sección sindical de CCOO de Tragsa. “Nos sentimos estafados, no ha habido ningún tipo de negociación”, incidió por su parte Carmen Torrente, representante de CCOO de Tragsatec.
La dirección cobra más que Rajoy
El ERE, que fue aprobado por el Tribunal Supremo anulando la decisión contraria de la Audiencia Nacional, va a suponer un “elevado coste que irá en detrimento de las arcas públicas”, según afirma José María Martínez que cuantifica en 10 millones de euros “como mínimo” el coste del despido, dándose además la paradoja de que “muchos de los trabajadores despedidos volverán a ser contratados porque son necesarios, aunque en peores condiciones laborales”.
Para CCOO, el problema de las empresas no reside en el número de trabajadores, como demuestra que se estén realizando nuevas contrataciones, sino en una dirección sobredimensionada tanto en su número como en sus salarios. “Cobran más que el presidente del Gobierno”, señaló Ramón Górriz, en alusión a unos directivos que al tiempo que despiden, según denunció el secretario general de la Federación de Construcción y Servicios, “se han repartido 8 millones en incentivos en los dos últimos años”.
Los representantes de CCOO concluyeron anunciando movilizaciones para conseguir la paralización del ERE y el inicio de la negociación de un Plan de Viabilidad que contemple 0 despidos. Con este objetivo, el sindicato está manteniendo reuniones con los Grupos Parlamentarios y las distintas comunidades autónomas.
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