La claridad de las sentencias del Tribunal Supremo, sobre que hubo vicio de consentimiento en los inversores particulares que acudieron a la oferta pública de suscripción de acciones (OPS) de Bankia en julio de 2011 (bajo la presidencia de Rodrigo Rato) debido a las graves inexactitudes del folleto, y la convicción de que con estos argumentos la entidad nacionalizada va a perder todos los recursos que presente en los tribunales, hacen que los actuales gestores del banco estén preparando un giro copernicano en su estrategia legal.

Hasta ahora, Bankia recurría sistemáticamente todo pronunciamiento judicial que le fuera desfavorable por la salida a Bolsa, con el argumento de que tiene que defender los intereses de sus accionistas. En definitiva, el Estado o, lo que es lo mismo, todos los contribuyentes. Esta táctica  obligaba a los afectados a continuar con el litigio, con los consiguientes costes de dinero y de alargamiento del plazo para tratar de recuperar el dinero invertido, o a intentar un acuerdo extrajudicial con la entidad nacionalizada.

Aunque el análisis de las sentencias del Supremo por los equipos jurídicos de Bankia no han finalizado todavía, la entidad nacionalizada está preparada para anunciar «en los próximos días» una solución para los inversores particulares afectados por la salida a Bolsa.

Esta decisión, adelantada por la agencia EFE y confirmada por fuentes no oficiales de Bankia, contará «con totales garantías jurídicas«, tanto para los afectados como para las entidad nacionalizada.

De hecho, en la presentación de resultados de 2015, el presidente, José Ignacio Goirigolzarri, y el consejero delegado, José Sevilla, ya abrieron la puerta a zanjar definitivamente el asunto de las demandas de particulares por la salida a Bolsa tras las sentencias del Supremo.

En Bankia argumentan que las provisiones por 1.840 millones de euros realizadas hasta ahora para la salida a Bolsa son más que suficientes para resolver el problema. A 31 de diciembre, la entidad nacionalizada había recibido 76.546 demandas civiles por la salida a Bolsa, por un importe de 829,9 millones de euros. De ellas, ha recibido 13.748 sentencias firmes en contra por unos 81,7 millones. Los desembolsos ascienden a 65 millones.

Hay otro argumento. La táctica de recurrir todas las sentencias dispara los costes legales. Las sentencias del Supremo indican que, en el caso de un inversor particular no cualificado ni informado (lo que deja fuera a los empleados de Bankia, por ejemplo), la salida a Bolsa será nula. Y no tiene sentido seguir alimentando esa diabólica espiral de gastos, que más que beneficiar a los afectados, nutre a los bufetes de abogados.

Una solución definitiva a este asunto supondrá para Bankia un considerable ahorro de dinero, y facilitará una normalización de las relaciones con sus clientes, al tiempo que permitirá a sus gestores centrarse en el diseño y en la ejecución del plan estratégico 2016-18. Ahora solamente falta conocer la letra pequeña de esa alternativa que la entidad quiere anunciar «en los próximos días».

Los argumentos del Supremo

El Tribunal Supremo afirma, en la justificación de sus sentencias, que si el folleto de la OPS de Bankia no hubiera contenido “graves inexactitudes”, la información difundida a través de su publicación y los comentarios que hubiera suscitado, “habrían disuadido de realizar la inversión a los pequeños inversores”, que solo buscaban rentabilidad económica.

Porque ese documento es “el elemento decisivo” que el inversor tiene a su alcance para evaluar los activos y pasivos de la entidad emisora, su situación financiera, beneficios y pérdidas, a diferencia de los grandes inversores, que cuentan con otros medios.

Rechaza así dos recursos presentados por Bankia contra sentencias de instancias inferiores relativas a la anulación de la adquisición de sus acciones con ocasión de la salida a Bolsa de 2011. Y también, que  la causa penal pendiente ante la Audiencia Nacional pueda paralizar las acciones individuales en la vía civil, porque afectaría al «propio derecho a la tutela judicial efectiva” de los afectados.

Integración laboral de la discapacidad

Por otra parte, Bankia ha destinado 1,23 millones para respaldar programas de integración laboral de personas con discapacidad a través de 37 ONG en todo el territorio nacional, dentro de su compromiso de cercanía y de proximidad a los proyectos locales.

El banco ha llegado a acuerdos con fundaciones nacionales  Randstad, Adecco y ONCE) y ha apoyado económicamente proyectos de fundaciones en comunidades autónomas.

Esta aportación respalda el programa ‘Integrados’ de la Fundación Randstad orientado a personas con pocos recursos formativos y económicos, que tengan dificultades para integrarse en el mercado laboral.

Además, se da continuidad al programa ‘Enseña lo que sabes’, donde participan de forma voluntaria empleados de Bankia para completar los itinerarios de inserción.

Bankia apoya el Plan de Integración Global de personas con discapacidad de la Fundación Adecco #EmpleoParaTodos. A través de este proyecto de carácter nacional, la entidad nacionalizada ha contribuido a la generación de más de 2.800 empleos y formado a personas con discapacidad en riesgo de exclusión en habilidades profesionales básicas a través de acciones de voluntariado en las que se han implicado empleados del banco.

Durante 2015 se ha atendido a 89 personas con discapacidad en un programa que actúa sobre el entorno social y familiar del beneficiario incrementando su autonomía, sus competencias y habilidades personales, sociales y profesionales.

Con la Fundación ONCE, Bankia colabora en el programa de becas “oportunidad al talento”, para universitarios con discapacidad, que promueve la movilidad internacional y el acceso de estos jóvenes a masters, doctorados e investigaciones con el objeto de mejorar la empleabilidad y el desarrollo profesional de este colectivo.

Bankia ha querido que el presupuesto dedicado a integración de personas con discapacidad se distribuya por todo el territorio nacional, continuando con su estrategia de capilarizar y distribuir su inversión cada vez más en diferentes zonas. Pretende incrementar el número de entidades que desarrollan programas de  integración laboral mediante acciones de sensibilización, orientación laboral, formación y desarrollo de habilidades sociales de sus usuarios con discapacidad, y repartir la inversión de tal manera que se puedan cubrir todas las zonas donde el banco tiene presencia.