El juicio al promotor inmobiliario Trinitario Casanova, acusado de manipular la cotización del Banco Popular en beneficio propio, se aplazó el 25 de enero hasta el 25 de abril, entre otros motivos, por los problemas de agenda del actual ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo. Éste era el abogado del bufete de Gibraltar que creó en Londres Blueprime, la sociedad supuestamente ‘fantasma’ que anunció la compra del 3,5% del Popular en manos de Casanova a un precio un 51% superior al del valor de mercado, condicionado a que los inversores mexicanos controlaran un 20% del banco.

En la reanudación del juicio en el Jjuzgado de lo penal número 29 de Madrid, con el magistrado Alejandro Abascal, Trinitario Casanova se enfrenta a una petición del fiscal de Anticorrupción Juan Pavía de 2 años de prisión por un delito continuado relativo al mercado y los consumidores, al entender que realizó “artimañas informativas, administrativas y financieras” con el objetivo de “detener la devaluación” de las acciones de Banco Popular en su propio beneficio. El Popular está personado en la causa como acusación particular.

En lo que se interpreta en medios judiciales como otra maniobra de Casanova, éste acusa a Picardo de entregar a la justicia correos suyos falsos. Según el escrito de acusación, Casanova pidió a Picardo que a través de su bufete, Hassans International Law Firm, preparara el contrato para que un grupo de empresarios mexicanos le compraran sus acciones, que sumaban el 3,5% del Banco Popular.

En su declaración en el juicio, Casanova niega la acusación y afirma que fue Picardo quien se puso en contacto con él porque había un grupo de inversores que querían comprarle sus acciones en el Popular.

Los correos electrónicos que Picardo ha aportado durante la instrucción demuestran lo contrario. En ellos, Casanova le daba instrucciones a Picardo sobre qué debía informar a la CNMV, e incluso revela los nombre de los empresarios mexicanos (entre los que cita a Carlos Slim, que siempre ha afirmado que nunca participó en esa operación). Casanova afirma ahora que son falsos.

Por su parte, el fiscal insisten en que la existencia de unos inversores mexicanos fue un  montaje de Casanova para que subiera el precio de las acciones del Banco Popular. Para ello hizo circular durante junio de 2008 «la noticia mendaz de que un grupo de inversores mexicanos estaba interesado en lanzar una OPA sobre el Banco Popular a un precio muy ventajoso». Y que un despacho de abogados con sede en Gibraltar estaba interviniendo en la operación.

El mismo día que se publica la noticia, según el fiscal, Casanova se puso en contacto con el bufete Hassan Internarional Law Firm y se desplazó a Londres, donde contactó con el abogado de éste, Fabian Picardo,para que le constituyera de forma «urgente» una «estructura societaria opaca» con la que se instrumentalizaría la supuesta OPA sobre el Banco Popular por parte de unos empresarios mexicanos. Operación que nunca se llevó a cabo.