El expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado el 31 de marzo por el Banco Santander ha sido aceptado por parte de la representación sindical. El ajuste de plantilla que realizará este año  el grupo afectará finalmente a 1.380 trabajadores de Santander España y del centro corporativo, frente a los 1.660 inicialmente previstos. De ellos, 680 estarán incluidos el ERE (300 en Santander España y 380 en el centro corporativo).

El banco abrirá un plazo de adscripción voluntaria hasta el 13 de mayo, y se compromete a tratar de reubicar a quienes pierden su empleo a través de un plan de recolocaciones con ayuda de una empresa externa.

Las prejubilaciones, con el 80% del sueldo, serán la única fórmula utilizada para ajustar la plantilla de Santander España, mientras que los trabajadores del centro corporativo  podrán escoger también voluntariamente bajas incentivadas.

UGT defiende que firmado el ERE por «responsabilidad y compromiso con el empleo», y «tras conseguir una profunda modificación sobre las intenciones iniciales del banco».Este sindicato «ha presionado y trabajado hasta el último día» para conseguir que las prejubilaciones se mantuvieran como «elemento esencial y prioritario» en el ajuste de plantilla. En este sentido, las prejubilaciones «salen del ERE, se firman como acuerdo y el carácter es voluntario», en las mismas condiciones que en el 2013.

Las bajas incentivadas son todas voluntarias. También se ha reducido del número de personas afectadas, finalizando en 680. «Ni un solo despido forzoso en Santander España», destaca el sindicato.

UGT ha planteado también la exclusión de determinados colectivos, como la situación de trabajadores que padezcan una discapacidad igual o superior al 33%, o quienes tengan hijos con una incapacidad de igual porcentaje. También a todos aquellos trabajadores que estén en situación de excedencia; quienes tengan a su cuidado a menores afectados por enfermedad grave, y las víctimas de violencia de género.

El motivo por el que UGT no firmó el acuerdo el 26 de abril, los traslados forzosos de empleados de Canarias a la Península, han quedado eliminado del ERE.

En los traslados forzosos quedan excluidos los trabajadores con discapacidad, en situación de embarazo o permiso por lactancia, y las víctimas de violencia de género.