El nuevo organigrama del Banco Popular, aprobado el 13 de septiembre ya se ha puesto manos a la obra. La Dirección General de Negocio Inmobiliario y Transformación de Activos, de nueva creación, que agrupa todas las actividades no relacionadas con el negocio bancario  y que cuya gestión se realizará de forma independiente y separada de éste, «continúa estudiando diversas alternativas para reducir su nivel de activos improductivos en balance».

Dentro de las opciones previstas en el plan de negocio aprobado tras la ampliación de capital de junio, y tras la reestructuración del banco concretada en la incorporación de Pedro Larena como consejero delegado y en el nuevo organigrama, la que tiene más visos de hacerse realidad es la creación de una «entidad de propósito especial» a la que se aportarían inmuebles propiedad del grupo.

En esa entidad entrarían inversores institucionales ajenos al Popular, como también lo sería el equipo gestor. La Dirección General de Negocio Inmobiliario y Transformación de Activos del banco, encomendada al exdirector general financiero, Francisco Sancha, participa en el diseño de la operación, pero quedaría al margen de la gestión de esa sociedad.

Esta especie de ‘banco malo’ permitiría sacar del balance del Popular, con el consiguiente ahorro de provisiones y de recursos propios (al reducirrse el volumen de activos) y el incremento de los beneficios y de la rentabilidad, hasta 6.000 millones de euros. Si esta opción se concreta, son 2.000 millones más de lo que se había hablado en el proyecto inicial, el 13 de julio, que era de 4.000 millones.

El compromiso del Popular en la ampliación de capital es de reducir el volumen de activos improductivos en 15.000 millones de euros en el período 2016-2018.

En el Popular precisan que «en determinados escenarios», esa entidad de propósito especial «podría incluso llegar a solicitar su admisión a cotización».