El PSOE pide derogar la prioridad aplicativa del convenio de empresa, según los sindicatos

28/11/2016

Luis M. del Amo. Javier Fernández respalda la manifestación sindical del próximo 18 de diciembre.

psoe_toxo_alvarezEl presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, dio hoy su apoyo a los actos de protesta convocados por los sindicatos a mediados del próximo mes de diciembre. Además, según los sindicatos, el líder del grupo socialista respalda la necesidad de devolver al convenio sectorial la prioridad aplicativa sobre el convenio de empresa, uno de los principales cambios incluidos en la reforma laboral, cuya derogación completa piden los sindicatos.

Fernández respaldó esta mañana la manifestación contra las políticas del Gobierno convocada por los sindicatos para el próximo 18 de diciembre. La manifestación, anunciada por las centrales apenas un día después de su entrevista con Rajoy, tendrá además un preludio, tres días antes en forma de concentraciones frente a las delegaciones de Gobierno repartidas por toda España.

Esta mañana, tras su entrevista con Fernández, los líderes de Comisiones Obreras (CCOO), Ignacio F. Toxo, y la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, justificaron la premura con que las centrales respondieron a la mano tendida de Rajoy con la convocatoria de estas protestas.

“Salimos de la reunión (con Rajoy), analizamos lo que había dado de sí y comprobamos que había demasiadas restricciones para que al menos una parte sustancial de lo que planteamos se abra paso en primera instancia”, ha explicado Toxo

Apoyo del PSOE

En relación al PSOE, los líderes de CCOO y UGTexplicaron que los socialistas apoyan las reivindicaciones sindicales en materia de pensiones, así como la necesidad de subir el salario mínimo, y de devolver al convenio de sector su prioridad aplicativa sobre el convenio al nivel de empresa.

El apoyo del PSOE devuelve a primer término uno de los asuntos más polémicos de la reforma laboral, y que ha motivado una amplia respuesta por parte de los sindicatos. En 2012, los cambios en el ordenamiento jurídico, suprimieron la preferencia del convenio pactado en el sector sobre el de empresa. Y abrieron la puerta a la firma de miles de convenios al nivel de las empresas.

Con ello las empresas hallaron una forma de liberarse de las condiciones pactadas sectorialmente. Y una posibilidad de abaratar sus costes laborales, rebajando sueldos y degradando las condiciones de trabajo de decenas de miles de trabajadores.

Alejados del amparo del convenio sectorial, los trabajadores de sectores como el hotelero y otros muchos, sufrieron reducciones salariales de hasta 500 euros mensuales en algunas ocasiones, como en el caso de las camareras de piso del hotel Hesperia de Lanzarote, despedidas y vueltas inmediatamente a contratar por una empresa subcontratada, y a quienes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias acaba de resarcir, desestimando el recurso de la hotelera.

Devaluación salarial

De este modo, el PSOE se une al frente abierto contra la devaluación del convenio sectorial. Una batalla que también ha contado con algunos jueces entre sus principales valores. Y en la que los magistrados, a iniciativa de los sindicatos, han tumbado buena parte de los convenios firmados al nivel de las empresas, muchas veces debido a su falta de legimitidad de sus negociadores.

En este sentido hay que destacar el respaldo a las tesis sindicales llegado hace unos días desde la orilla patronal, cuando Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles by Marriott, criticó la puerta abierta por la reforma laboral a la explotación del personal de los hoteles, y en concreto de las camareras de piso.

Catalán recriminó a las empresas que externalizan el servicio de limpieza de los hoteles. Y pagan a las trabajadoras – en su mayoría, mujeres – salarios de de 3 o 4 euros por habitación. “Nosotros no externalizamos los pisos. No se puede pagar tres o cuatro euros por habitación; aceptar eso supone un deterioro del producto y de la imagen. Los listos de la película siempre son los mismos”, afirmó el empresario.

Con un cambio normativo, las prácticas de devaluación salarial se verían en buena parte dificultadas, debido a que las empresas deberían pagar el salario acordado en el sector, según señalan los sindicatos.

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