Hasta el rabo todo es toro. El conocido refrán retrata cuál es la actitud de la banca ante la sentencia que tiene previsto hacer pública el 21 de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es verdad que en el dictamen previo, que no es vinculante, pero que generalmente orienta el sentido de la sentencia, el Abogado General, Paolo Mengozzi, se alinea con la tesis del Tribunal Supremo sobre que una retroactividad total afectaría a la estabilidad del sistema financiero español.

El Tribunal Supremo español dio la razón a los clientes en una sentencia del 9 de mayo de 2013, pero limitó la compensación que podían reclamar a lo cobrado de más por los bancos gracias a las cláusulas suelo a partir de esa fecha, apelando a la estabilidad financiera del país, que apenas diez meses antes había pedido ayuda pública de Europa para el saneamiento de algunas cajas de ahorro, fundamentalmente.

De la decisión que adopte definitivamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dependen 7.600 millones de euros, que es el coste estimado para los bancos españoles de devolver todo lo cobrado indebidamente a sus clientes por las cláusulas suelo en las hipotecas.

En su momento, CaixaBank estimó el impacto de la retroactividad de las cláusulas suelo en 1.250 millones de euros, de los que están ya provisionados 515 millones. En 2015 el banco de La Caixa eliminó las cláusulas suelo de todos sus préstamos hipotecarios, lo que le supuso un impacto anual en el margen de intereses de 220 millones de euros.

El Popular calcula que una decisión de este tipo le costaría 350 millones adicionales. Como ya provisionó el año pasado 350 millones para cubrir la retroactividad impuesta por el Supremo, hasta mayo de 2013, el impacto ascendería a 700 millones.

El presidente del Popular, Ángel Ron, precisó en la presentación de resultados correspondiente a 2015 que «es muy difícil de calcular esa eventualidad por las condiciones que comporta de distintos clientes y distintas clases de operaciones». «Además, como ha puesto de manifiesto una sentencia de un tribunal de lo mercantil de Madrid, hay que probar la falta de transparencia en la comercialización de la cláusula suelo cliente a cliente», añade.

Liberbank estima que tendría que devolver unos 259 millones de euros en intereses cobrados por cláusulas suelo si hay una eventual resolución judicial decretando la retroactividad de la nulidad de estos límites a la caída del Euríbor desde el inicio de los contratos.

Y reconoce el impacto impacto de 49 millones de euros netos en el beneficio antes de impuestos ante la supresión de estas cláusulas afectadas por las sentencias para este año.

Algunos cálculos hablan de un impacto mínimo de 1.815 millones para el BBVA, que sería la entidad más afectada por la retroactividad de las cláusulas suelo. En el caso de Bankia, serían 160 millones.

5.000 millones, más 2.600 millones

El Banco de España cuantificó en 5.000 millones el impacto de la retroactividad total de estas cláusulas que impiden que los hipotecados se beneficien de las bajadas de tipo, con lo que el banco les cobra más de lo que marca el diferencial sobre el Euribor que firmaron.

Esta cifra, que presentó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como argumento contra la retroactividad total, se sumaría a otros 2.600 millones de coste por la devolución de las cantidades entre mayo de 2013 y diciembre de 2015.

Según un informe de Goldman Sachs, la banca española deberá afrontar un impacto negativo por valor de 3.000 millones de euros si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea extiende más allá del 9 de mayo de 2013 el periodo de retroactividad de las cláusulas suelo.

Unas cifras que, aunque sean estimaciones y no cuadren de unos cálculos a otros, explican que los bancos españoles estén muy pendientes, por la cuente que les trae, de la sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea revele el 21 de diciembre.