La asamblea de la Asociación Española de Cajas Rurales, de la que forman parte únicamente las entidades del Grupo Caja Rural, ha dado el ‘nihil obstat’  a la compra a uno de sus socios, Bantierra, de un paquete de activos no estratégicos procedentes del sector inmobiliario valorado en 320 millones de euros.

Esta operación, impulsada desde el Grupo Caja Rural, supone de facto un rescate de Bantierra. Y permitirá a la caja rural aragonesa cubrir íntegramente las necesidades derivadas de la implantación de la nueva normativa sobre provisiones del Banco de España. Al mismo tiempo, reduce significativamente su exposición al ‘ladrillo’, mejora su ratio de solvencia hasta el 14% (por encima de la media del sector), y sitúa la morosidad en el 6%, por debajo de la media del sector.

Para el director general de Bantierra, Luis Ignacio Lucas Domínguez, «el respaldo del grupo nos permite conseguir un balance saneado y equilibrado, y de esta forma la entidad va a disponer de unos cimientos muy sólidos para afrontar los nuevos retos a los se enfrenta todo el sector financiero».

En el Grupo Caja Rural insisten en la aplicación del principio de subsidiariedad para explicar la ayuda a Bantierra. No obstante, dentro de la asociación se reconoce que se trataba de evitar tanto una intervención del Banco de España como que el gran competidor, Grupo Cooperativo Cajamar, aprovechara la oportunidad para, una vez más, quedarse con una entidad del sector, como publicó diarioabierto.es el 28 de marzo.

Ni el Grupo Caja Rural, ni la Asociación Española de Cajas Rurales, ni Bantierra han explicado todavía la ‘letra pequeña’ de la operación: quién pone el dinero, y si participan todas las entidades.