La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) han enviado hoy a los empresarios su última propuesta en un intento por salvar meses de bloqueo en la mesa salarial. En el documento, los sindicatos reiteran su petición de que los sueldos suban entre el 1,8% y el 3% en 2017, con cláusulas de revisión salarial. Y aceptan que las Mutuas tomen “mayor protagonismo” en el tratamiento de lesiones traumatológicas, tal y como deseaban los empresarios.

En caso de no lograr fraguar un acuerdo, los sindicatos han avisado de que la conflictividad laboral crecerá. Se trataría en todo caso de la primera vez desde 2010 que los negociadores de convenios colectivos carezcan de una recomendación que oriente la evolución de los salarios.

Las propuestas reiteran el incremento de salarios reclamado anteriormente, entre el 1,8% y el 3%, e incluyen una cláusula de garantía salarial, que se activará cuando, conocido el IPC de 2017, y si este supera el incremento acordado el convenio, por un valor equivalente a la diferencia entre el IPC de 2017 y el incremento inicialmente pactado.

Esto si, si el IPC finalizara el año en un 2,6%, y se hubiera pactado un alza del 2%, por ejemplo, los salarios subirían un 0,6% adicional.

Las Mutuas ganan “protagonismo”

En materia de absentismo, los sindicatos se avienen a que las Mutuas tomen un “mayor protagonismo” en el tratamiento de las bajas traumatológicas, de origen no laboral, siempre de acuerdo con el sistema nacional de salud; aunque no aceptan que estas entidades puedan dar el alta, ni siquiera en estos casos, sino que su colaboración consistiría en poner a disposición del sistema nacional de salud los “servicios, instalaciones, recursos humanos y medios tecnológicos” de las Mutuas, de tal modo que “permitan anticipar los procesos de recuperación y rehabilitación”.

En materia de igualdad, la propuesta sindical fija que las empresas de más de 250 trabajadores que aún no dispongan de un plan de igualdad deberán negociar uno, así como en aquellas empresas menores que estén obligadas a ello por el convenio sectorial de referencia.

Además, en empresas de menos de 50 trabajadores la negociación del plan de igualdad deberá contar con la participación directa de los sindicatos más representativos del sector.

Por otro lado, los firmantes deberían también comprometerse a establecer medidas de diverso tipo encaminadas a acabar o reducir significativamente la brecha de género en materia salarial y en el resto de condiciones de trabajo, lo que incluye acciones para compensar las desigualdades de género en el acceso al empleo, estabilidad en la contratación, formación y promoción profesional y retributiva; así como otras medidas que luchen y prevengan el acoso sexual, faciliten la conciliación de vida personal y familiar, fomenten la contratación de personas con discapacidad; y persigan cualquier tipo de acoso.

Contra la reforma laboral

En materia de negociación colectiva, los sindicatos proponen extender la vigencia del convenio colectivo en tanto no haya otro que lo sustituya, en contra de lo dispuesto por la última reforma laboral que limitó este plazo – la conocida ultraactividad – a un año.

El propio convenio debería garantizar la ultraactividad hasta su sustitución por un convenio nuevo; pero en su defecto, se propone la intervención de los sistemas de solución autónoma de conflictos en caso de desacuerdo, y transcurrido un plazo desde el fin de su vigencia.

“Durante el tiempo de negociación, mediación y, en su caso, arbitraje, se mantendrá la ultraactividad del convenio colectivo”, añade la propuesta.

Cambios en formación

En cuanto a la formación, la propuesta sindical exige impulsar la participación de los agentes sociales en los órganos de gobierno de la Formación para el Empleo (FPE). Y propone la creación de unas Estructuras Sectoriales, que sustituyan a las comisiones paritarias, y reduzcan su número actual, a fin de cumplir con el objetivo de detectar las necesidades formativas, establecer prioridades y plantes de formación y participar en el “seguimiento, control y evaluación de la formación en los sectores”.

También se pide incluir a las Universidades, centros de formación profesional, y de adultos en el sistema de formación para el empleo (FPE), del que ahora están excluidos, así como a los centros privados “inscritos y acreditados que reúnan las condiciones de calidad requerida”.

Asimismo, el documento aborda la creación de un nuevo Consejo de Relaciones Laborales y de Negociación Colectiva, “bipartito o tripartito”, es decir, en el cual participe, o no, el Gobierno – además de los empresarios y los sindicatos – que se encargaría, según se ha revelado anteriormente, de analizar la evolución de la negociación colectiva.