Malabarismos dialécticos tuvo que hacer el Eurogrupo a cuenta de los rescates de bancos. Por un lado, afirma que Italia no vulneró las normas al rescatar a Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca porque, al ser pequeñas y no sujetas a supervisión directa del Banco Central Europeo (BCE), tenía un margen “nacional” para planear su liquidación.

En el caso del Popular decidió el supervisor europeo y bajo la rigurosa máxima de evitar nuevas ayudas forzó un autorrescate interno que dejó a cero la inversión de accionistas y bonistas.

Pero la inyección pública de  hasta 17.000 millones de euros para facilitar la absorción de las dos pequeñas entidades al Intesa Sanpaolo evitando sacrificar el dinero de accionistas y bonistas, y el papel del Estado en la salvación del banco más antiguo de Europa, el Monte dei Paschi di Siena, que es una institución de mayor dimensión, está generando fuertes críticas y la propuesta de cambios en los esquemas de resolución para que no repitan agravios comparativos.

Una pequeña entidad española, el Banco Madrid, que no tenía problemas ni de liquidez ni de solvencia, sino que se intervino su casa matriz, el andorrano BPA, por una investigación del Tesoro de EEUU sobre supuesto blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y de otras actividades criminales, no fue rescatada sino que fue obligada a su liquidación por concurso.

El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, argumenta que “siempre fue sabido que las entidades de menor tamaño serían liquidadas o declaradas insolventes bajo la legislación nacional», pero inmediatamente después reclama homogeneizar los marcos de actuación para evitar estas divergencias de criterio, según las necesidades políticas y capacidades presupuestarias de cada país, y reglas claras y comunes en la inyección de ayudas públicas.

«La cuestión es, por supuesto, si las normas sobre ayudas de Estado, que aplican en cualquier caso, no deberían ser ajustadas ahora que nos encontramos en una nueva era», señala el político holandés, que recuerda que la legislación sobre insolvencia es «muy diferente» en cada Estado miembro.

«No hemos discutido o criticado las decisiones tomadas por las autoridades. Tomaron la decisión dentro de los marcos legales, de eso no hay duda, pero hay lecciones que aprender para el futuro«, señala Dijsselbloem.

Hay unanimidad en que las instituciones cumplieron las normas creadas a raíz de la crisis al tomar sus decisiones y que la coordinación entre ellas fue «eficiente» pese a tratarse de los primeros casos que gestionan, pero también que éstos «han planteado un número de problemas» y mostrado que hay «áreas de ajuste o mejora».

En la reunión del Eurogrupo, representantes de la Junta Única de Supervisión, de la Junta Única de Resolución y de la Comisión Europea informan a los ministros de Economía y Finanzas de la UE sobre su actuación en la liquidación de Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza y el rescate de Monte dei Paschi di Siena, todos italianos.

Por su parte, el ministro de Economía italiano, Padoan, defiende que las crisis de los bancos vénetos «han sido gestionadas en una fase de transición muy difícil con el menor coste posible para el contribuyente y la economía» lo que «refuerza la Unión Bancaria, no la debilita«.

Las críticas de quienes señalan que no se ha respetado el espíritu de las normas bancarias europeas por aplicar la legislación nacional para su liquidación están «fuera de lugar».

«No adelantemos acontecimientos»

El ministro de Economía, Luis de Guindos, señala que la venta del Banco Popular al Santander cumplió con la normativa comunitaria. «Tampoco adelantemos acontecimientos, se ha hecho aplicando una Directiva europea, una ley española. Hay un valor que se intenta preservar, que es la estabilidad financiera, y, en el caso de la resolución del Banco Popular, la estabilidad financiera ha prevalecido sobre otras consideraciones«, afirma, en lo que parece una respuesta a las advertencias de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo sobre la necesidad de «vigilar de cerca» cualquier riesgo derivado de los potenciales costes por litigios que pudieran surgir a raíz de la resolución del Popular, que acarreó la pérdida de toda su inversión para accionistas y bonistas.

El Gobierno no tiene datos sobre el número de denuncias que han sido interpuestas hasta el momento, admite De Guindos, que insiste en que «es la Unión Bancaria, son las reglas que nos hemos dado y, evidentemente, son las reglas que aprobó en el año 2015 el Parlamento español siguiendo la Directiva europea».

De Guindos reitera que el informe de los ‘hombres de negro’ «reconoce que se han aplicado las reglas europeas de resolución, que no ha habido ningún tipo de inyección de dinero público, lo cual es una buena noticia». Algo que contrasta con Italia, que ha recurrido a la inyección de dinero público tanto en el caso de Monte dei Paschi di Siena como en los de Popolare di Vicenza y Veneto Banca.

Preguntado por si existe el riesgo de que el contribuyente acabe pagando parte de la factura del Popular a través del Frob, De Guindos ha sido tajante en su respuesta: «En absoluto». «No hay ningún pasivo que haya asumido el Frob, en absoluto. Y las decisiones del Frob se tomar por cuenta de la Junta Única de Resolución», precisa.

Alemania quiere estabilizar a la banca

El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, resalta que este momento es bueno para seguir estabilizando el sector financiero en la Eurozona. La clave es seguir reduciendo los créditos tóxicos, lo que «cada país tiene que hacer con las herramientas que tiene a su alcance».

«Tenemos la experiencia de la reestructuración en Italia y en España y sobre esa base vamos a seguir discutiendo», añade. «Las posibilidades de lograr la estabilización en un momento en que la Eurozona está en buen estado son buenas», remarca.

Pero avisa: «El que toma las decisiones tiene que asumir también la responsabilidad de las mismas«