El vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, Valdis Dombrovskis, subraya que la «decisión legal» que llevó a la resolución del Banco Popular fue una decisión «europea», aunque matiza que corresponderá a los tribunales determinar si la responsabilidad en caso de compensaciones debería recaer en las autoridades nacionales o de la UE.

«Desde el punto de vista legal las decisiones de resolución son actos jurídicos europeos y pueden ser recurridos en el marco del Tratado de la UE», razona. En última instancia, correspondería al Tribunal de Justicia de la UE decidir sobre las denuncias presentadas por la resolución del Popular, que luego fue adjudicada al Santander al precio simbólico de un euro.

Aunque el Gobierno no tiene cifras del número de litigios abiertos por esta operación, según admite el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la reunión del Eurogrupo en Bruselas, sí han trascendido varias demandas de accionistas, que apuntan tanto al Frob como a la Junta de Resolución Única, así como a los dos últimos equipos gestores de la entidad.

Dombrovskis se niega a «especular» sobre si sería las nacionales o europeas las que deberían responder en caso de indemnizaciones y se ha remitido a lo que dictaminen los tribunales.

De Guindos reitera que los «responsables» de la intervención del Popular (y de la posterior adjudicación al Santander) fueron el Banco Central Europeo (BCE) y la Junta de Resolución Única (JUR). Y remarca que el objetivo del nuevo modelo de resolución europeo es que los contribuyentes «no paguen los problemas de los bancos«, lo que, según el ministro de Economía, convierte el caso del Popular en un «modelo» para futuras intervenciones de bancos con problemas.