«No hay que dejarse llevar por la euforia», señala Patricia Suárez, presidenta de Asufin, sobre la propuesta del Santander para compensar a los minoritarios afectados por la quiebra del Banco Popular.  “Evidentemente el Santander llega a esta propuesta comercial después de un estudio del riesgo legal y reputacional que apunta a que le compensa más esta solución que ir a los tribunales», razona.

«Si la gestión del Banco Popular hubiera sido correcta, el Santander jamás haría esta propuesta, lo que indica que tienen una información que el resto de ciudadanos no tenemos», añade. “Los ciudadanos tenemos derecho a saber lo que ha pasado con el Popular, a conocer el informe de Deloitte que ahora nos dice la UE que va a ser confidencial y que debería ser público. Compensar económicamente a los afectados no puede librar a los directivos de Banco Popular o a su auditora PwC del delito penal. En aras de la transparencia, para que esto no vuelva a suceder, seguimos adelante investigando y trabajando para presentar una querella solvente”, remarca la presidenta de Asufin.

“No queremos colapsar los tribunales, pero lo que se ofrece a los consumidores a cambio de sus acciones es un producto complejo». Como tal, está sujeto a la normativa MIFID, por lo que el banco debería hacer un perfil de cada cliente para saber si ese producto es o no bueno para él y cuál es su perfil de riesgo.

La presidenta de Asufin matiza que la propuesta del Santander no constituye una oferta comercial todavía, porque la entidad aún no ha depositado el folleto en la CNMV. Y exige a ésta que «en defensa de los intereses de los inversores, explique los pros y los contras, advirtiendo de los riesgos, y que el Banco Santander sea transparente con sus clientes y les explique la complejidad del producto, las obligaciones que adquieren los clientes a cambio de tener congelado su dinero durante 7 años y renunciar a acciones legales”.

Según el Santander, el 99% de los clientes y empleados del Banco Popular que compraron acciones en la última ampliación realizaron inversiones inferiores a 100.000 euros, por lo que la gran mayoría recibiría “bonos de fidelización” por el importe total de lo que invirtió. La presidenta de Asufin advierte que “la comercialización masiva de estos bonos puede llevarnos a vernos de nuevo las caras en los tribunales”.

Ampopular: propuesta «insuficiente»

Ampopular, la plataforma liderada por el presidente de Grupo Kiluva (Naturhouse), Félix Revuelta, y que agrupa a 12.000 afectados, considera que la oferta del Santander es «insuficiente», según el abogado, Rafael Moreno. Aduce que la compensación cuenta con muchas limitaciones y afecta a «muy pocos» perjudicados.

También argumenta que la reexpresión de las cuentas anuales de Popular, efectuada en abril, demuestra que la contabilidad estaba «un poco manipulada», por lo que considera que un accionista que compraró títulos de la entidad en 2015 está en la misma situación que otro que lo hizo en el periodo que comprende la oferta de Santander.

El miembro del despacho Moreno Olivares subraya que los accionistas susceptibles de ser compensador por el Santander quedan «en manos de la entidad» durante 7 años, el plazo para el que se puedan convertir en efectivo los bonos ofrecidos por el banco.

El portavoz de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), Alberto Ruiz, socio del bufete Cremades & Calvo Sotelo, cree que la oferta «quizá sea buena» para los accionistas que no necesiten liquidez. Considera cualquier ofrecimiento como bienvenido y afirma que la disposición de Santander de llegar a un acuerdo es una posición «sensata e inteligente».

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) critica que esta acción comercial «encubre un acuerdo extrajudicial», ya que la entrega no es gratuita sino a cambio de renunciar al ejercicio de acciones legales contra el Santander. Subraya que no puede excluir que se puedan emprender pleitos contra los administradores, auditores y otros posibles responsables por el falseamiento de las cuentas del Popular.

Adicae cree que la oferta del Santander de «intento de engaño manifiesto», que solo implica al 10 % de los pequeños accionistas, y que los bonos de fidelización les encadenarán a la entidad de «forma perpetua sin garantizarles que podrán recuperar sus ahorros». Por ello, considera que no debe ser autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sin corrección y sin tener un carácter universal.