La secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, asegura ante el Consejo General de Economistas, que ha presentado 18 páginas de alegaciones al anteproyecto de Ley del Mercado de Valores, que analizará «con la máxima sensibilidad» todas las observaciones a la norma recogidas durante la consulta pública. Pero deja muy claro que se busca reforzar la protección del pequeño inversor en la comercialización de productos financieros al evitar los conflictos de interés entre los clientes y las entidades. Por tanto, «se restringirá el cobro de incentivos».

Todas las alegaciones serán estudiadas por la Secretaría General Técnica del Ministerio, y el texto final resultante de ese análisis será remitido al Consejo de Estado, para su posterior tramitación parlamentaria.

Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, resalta que “el anteproyecto de Ley del Mercado de Valores se ha limitado, en algunos aspectos, a transcribir el articulado de MiFis II, sin tener en cuenta las particularidades del sector financiero español en cuanto al asesoramiento prestado por las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI)”.

El presidente de Economistas Asesores Financieros (EAF), David Gassó, subraya que “es una discriminación sin ningún tipo de fundamento que las EAFI, por el mero hecho de prestar sólo el servicio de asesoramiento, no puedan contar con agentes, ya que la Ley trata a las EAFI como Empresas Servicios de Inversión (ESI), y deben cumplir los mismos requisitos de autorización, de organización y control, así como el pago de tasas de supervisión, que el resto de ESI”

“Se ha perdido una oportunidad para profesionalizar la actividad de asesoramiento financiero. Por una parte, se está dejando la puerta abierta a que se preste este servicio sin la debida autorización de CNMV, bien por prestarse como un servicio accesorio, o bien atendiendo a las excepciones facultativas que se han incorporado a la Ley; y, por otra, se endurecen los requisitos a las entidades reguladas”, insiste en sus alegaciones EAF, que asegura integrar al 78% de todas las EAFI inscritas en la CNMV.

“Esto es una contradicción; por un lado se está exigiendo que se analice una gama amplia de instrumentos financieros, que se comuniquen al cliente los conflictos de interés y los incentivos, en su caso, así como que el que lo preste tenga conocimientos y competencias; y por otro lado, en teoría, cualquiera lo puede hacerlo sin cumplir esos requisitos”, argumenta.

La norma de trasposición de la Directiva MiFid II «debería tener en cuenta las particularidades del sector en España e implementar medidas para el desarrollo de la actividad de asesoramiento en materia de inversión como una actividad independiente de otros servicios financieros». Para ello, EAF propone flexibilizar las condiciones de autorización de las EAFI, reducir las exigencias con respecto al resto de ESI (la obligación de la auditoría de cuentas o de prevención de blanqueo de capitales, entre otras) y permitir que puedan designar agentes, lo que les permitiría prestar servicios a un mayor número de inversores.

En cuanto al cambio de denominación que propone el anteproyecto, transformando EAFI en EAF, el Consejo General de Economistas replica que es una medida que genera unos costes adicionales a estas entidades (cambio de nombre en el Registro Mercantil, modificación de estatutos, cambios en papelería, dominios, contratos, páginas web…), además de «perjudicar la imagen corporativa de una marca que estaba totalmente asentada».